A estas alturas, resulta claro que Corpac es un desastre y que necesita ser rehecho desde sus cimientos, privatizando u otorgando en concesión todos, o al menos la mayoría, de servicios que ofrece. El tema afecta a todo el sector turismo, con gran impacto en el empleo y donde el Perú tiene mucho por desarrollar.
Esto requiere cambios legales, y es dudoso que haya consensos en este Congreso para lograrlo, pero el propio sector turismo podría iniciar el esfuerzo de recolectar firmas (0.3% del padrón electoral) para proponer los cambios legales requeridos con la presión de una ciudadanía informada. Sería una gran ocasión para generar conocimiento y conciencia de las oportunidades y retos que tiene el sector, y explicar cómo no puede tirarlos por la borda cada vez que al sindicato de controladores aéreos le da la gana o cuando 14 años después de instaladas las luces del Jorge Chávez, recién se dan cuenta de que no ha habido mantenimiento ni hay plan B si fallan las luces de la pista de aterrizaje. ¿Creían que las luces por ser subterráneas eran eternas?
Según su página web, en la sección ¿Qué hacemos?, Corpac dice que “establecemos, administramos y conservamos los servicios que ayudan a la aeronavegación, las radiocomunicaciones aeronáuticas y otros servicios necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas”, almohadita y acomodada de silla incluidas, como hemos sido testigos todos en el increíble vídeo sobre el trágico accidente que costó vidas hace apenas un año y medio. Corpac dice que su misión es “gestionar los servicios de navegación aérea y aeroportuarios con seguridad, eficiencia, calidad y responsabilidad ambiental, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país” y su visión es “ser una empresa reconocida, líder en la gestión y provisión de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, con innovación (¿la almohadita?), sostenibilidad y formación del talento humano”. Sus valores son: excelencia en el servicio, compromiso, integridad, innovación, seguridad y sostenibilidad. Jaladísimos, por donde se les evalúe.
El caso es para hacer un ejemplo clarísimo de los beneficios y costos que trae mantener un monopolio estatal en un sector clave para el turismo. Contar con toda la información y plantearla de manera didáctica para explicarle a todas las personas que se ven afectadas por la reducción del turismo (empleados de hoteles, restaurantes, guías, taxis, etcétera) cómo es que un grupo reducido de personas, por cuidar su beneficio, impone riesgos reales a la seguridad de todos los turistas y afectan la imagen del Perú como un país atractivo para visitar es para armar un documental y una serie de materiales que expliquen claramente qué se necesita para poder mejorar en este sector, e iniciar una campaña de recolección de firmas con absoluta convicción.
Una iniciativa como esta podría no solo educar sobre el absurdo de depender de Corpac, sino también servir para que se note el efecto que tienen otros grupos que afectan la imagen del Perú cuando se bloquean trenes, por ejemplo. El 0.3% del padrón electoral de firmas es poco comparado a la cantidad de personas cuyo empleo depende directamente del sector turismo, pero si se quiere hacer patria, no se trata de recolectar firmas como sea, sino de aprovechar la ocasión para generar conciencia y hacer visible, mediante un caso concreto, esos y otros problemas y retos del sector turismo para tener un futuro más promisorio, afín a su potencial.
Yo creo que el Congreso actual, al modificar tantos artículos de la Constitución concentrando tanto poder en el Senado sin mayor debate, está sembrando la semilla de lo que algunos llaman “momento constituyente” y yo confundegente. Me temo que, tarde o temprano, esa batalla de las ideas sobre rol del Estado y sector privado se dará con mucha incertidumbre y pocos resultados. Al país le conviene que haya precedentes de discusión sobre casos concretos. La enorme mayoría de personas no entiende las cosas desde los conceptos sino desde los ejemplos. Los problemas que genera Corpac al sector turismo es un ejemplo perfecto para abordar los incentivos y comportamientos que tienen el Estado y el sector privado.
