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Hasta 35 años de prisión para el crimen organizado

También otorga más facultades a la Fiscalía para la investigación de estos delitos.

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La Comisión de Justicia del Congreso aprobó un proyecto de ley que establece agravantes para determinados delitos del crimen organizado (como homicidio, secuestro, trata de personas, pornografía infantil y extorsión, entre otros), los que, en la práctica, endurecen las penas para los hampones.

La iniciativa –que fue presentada por el Ejecutivo y que sufrió algunas modificaciones– incrementa en un tercio la pena que se les imponga a los integrantes de las bandas por emplear armas de guerra o a niños. La misma sanción recaerá sobre los cabecillas de estas organizaciones, con un límite de 35 años de prisión.

Así lo explicó el parlamentario Octavio Salazar Miranda, quien dijo que la propuesta también establece la eliminación de todo beneficio penitenciario, entre los que se encuentran la terminación anticipada y la confesión sincera. "Con esto se busca acabar con la sensación de impunidad", manifestó el legislador.

Otro aspecto importante, según Salazar, es que los casos de crimen organizado serán vistos por una sala penal nacional. "Serán como tribunales itinerantes. De esta forma, si un caso de estos ocurriera en Arequipa, hasta allá se trasladaría el juzgado. Con esto se evitarán las amenazas de muerte", afirmó.

Del mismo modo, la investigación estará a cargo de fiscalías especializadas, las que contarán con una serie de prerrogativas para ejecutar sus pesquisas.

Salazar también habló de la importancia de que la Policía Nacional cuente con una división, de alcance nacional, que se encargue de perseguir el crimen organizado con sedes descentralizadas.

LO VEN CON BUENO OJOSAl respecto, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad, aseguró que la aprobación del mencionado proyecto fortalecerá la investigación de estos casos.

Refirió que facilitará los procedimientos especiales, como el levantamiento de los secretos bancarios y de las comunicaciones.

Entre tanto, Raúl Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima, manifestó que la citada disposición frenará la impunidad y, además, tendrá carácter disuasivo.

TENGA EN CUENTA

- El alcalde del Rímac, Enrique Peramás, indicó que, más que normas nuevas, nuestro país necesita que estas se cumplan.

- Por su parte, el burgomaestre de Ventanilla, Omar Marcos, criticó que las propuestas de las autoridades locales en materia de seguridad no sean escuchadas por el Gobierno.

- La iniciativa legislativa sería discutida a fin de mes por el Pleno del Congreso de la República.

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