La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México -de mayoría oficialista- aprobó este lunes la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual establece que más de 1,600 jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, así como magistrados de circuito y de distrito, serán elegidos en comicios por elección popular.
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Esta modificación constitucional contempla que, en 2025, se renueve a todos los miembros de la Suprema Corte y a la mitad de jueces de distrito y magistrados de circuito. Asimismo, se escogerá a los magistrados del nuevo órgano denominado 'Tribunal de Disciplina Judicial', así como a miembros del nuevo 'Órgano de Administración'.
Por otra parte, se determina que en 2027 se elija a la otra mitad de jueces de distrito y magistrados de circuito.
Si bien esta es una reforma constitucional, la contundente mayoría calificada del oficialismo en el Parlamento permite que se reforme la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.
Nuevo órgano fiscalizador
Lo que más ha causado preocupación en sectores opositores es la creación de un "Tribunal de Disciplina Judicial", el cual estará conformado por seis magistrados elegidos de la siguiente forma; uno por el Ejecutivo, dos por el Senado (con dos tercios de los votos) y tres por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Estos magistrados tendrán una duración de seis años y su labor será investigar y sancionar a jueces por corrupción, tráfico de influencia, nepotismo, complicidad, encubrimiento de delincuentes, o cuando sus fallos no estén sujetos "a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia".
Entre las sanciones que impondrá este órgano se encuentran la amonestación, suspensión, multa, suspensión, destitución e incluso inhabilitación. No obstante, las dos últimas sanciones no podrán ser aplicadas a los ministros (magistrados) de la Suprema Corte, sino que deberán solicitar a la Cámara de Diputados que inicie un proceso de desafuero. Y eso no es todo: este órgano fiscalizador podrá presentar denuncias ante la Fiscalía.
En ese sentido, se ha expresado la preocupación de que este órgano fiscalizador se encuentre bajo influencia política, al ser la mitad de sus miembros escogidos por el Poder Ejecutivo y el Congreso, ambos controlados por el oficialismo.
También se establece que el día que este órgano asuma funciones, deberá designar a los integrantes la nueva institución denominada Órgano de de Administración Judicial, la cual reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal. Esta última se encarga actualmente de la "administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación".
Reducción de la Suprema Corte
La reforma contempla reducir a 9 los ministros de la Suprema Corte, la cual está conformada por 11 magistrados actualmente.
También se aumenta la influencia política en la Suprema Corte, ya que el Ejecutivo propondrá 10 candidatos y el Tribunal Supremo a otros 10. Asimismo, el Congreso propondrá a diez, cinco por cada cámara. Una vez elegidos por el Gobierno, el Congreso y el Tribunal Supremo, los candidatos deberán someterse a votación popular.
En ese sentido, los actuales tribunos dejarán sus cargos apenas asuman los nuevos magistrados, en septiembre de 2025. Además, no podrán postularse a la reelección.
La propuesta establece que los candidatos a estas plazas deben contar con título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber ejercido como funcionarios federales.
Los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que lleva a cabo los procesos electorales, también serán elegidos por votación popular.
Los magistrados de la Sala Superior, así como los de las salas regionales, tendrán un periodo de cinco y ocho años de acuerdo a los votos que hayan obtenido. En este caso, los actuales tribunos sí podrán postular a la reelección.
En México existe un circuito por cada Estado (32), en los cuales hay juzgados y tribunales que revisan materias administrativas, civil, penal, trabajo, amparo y otras. En esa línea, los nuevos magistrados de estos circuitos, así como los jueces federales podrán tener un periodo de hasta nueve años, con la posibilidad de ser reelegidos de forma indefinida. Los actuales magistrados podrán postular a la elección popular que lleve a cabo el INE.
Advierten riesgos
Partidos opositores han alertado sobre una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial. Héctor Trellez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la reforma es una "transgresión" a la independencia judicial y vulnera la separación de poderes.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, dijo que la reforma "lesiona el pacto federal" y que "no representa mejorar la calidad de la resoluciones, es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos, permite la intromisión de poderes fácticos".
Las embajadas de Estados Unidos y Canadá advirtieron de los riesgos que representa la reforma judicial llevada a cabo por López Obrador. Este pronunciamiento causó que el mandatario mexicano ponga "en pausa" la relación con ambas embajadas.
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