Este domingo se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Nicolás Maduro, autócrata que ocupa el cargo de presidente desde 2013, busca ser reelegido por segunda vez en medio de crisis económica, política, social y denuncias de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, la oposición, ante impedimentos para presentar la candidatura de María Corina Machado, logró inscribir la candidatura del diplomático Edmundo González, quien promete devolverle la paz a Venezuela.
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Las denuncias
En 2023, la oposición llevó a cabo las elecciones primarias en las que se eligió de forma abrumadora como lideresa y candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática. No obstante, la justicia en manos del chavismo ratificó la inhabilitación impuesta años atrás contra Machado y bloqueó su candidatura.
La oposición ha denunciado que este acto es una clara vulneración de la competencia pareja entre candidatos. Además, ha argumentado que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la inhabilitación de candidatos debe ser por sentencia judicial y no por procedimientos administrativos.
Esta medida fue anunciada en 2023 por el entonces contralor general de la República, Elvis Amoroso. Actualmente, Amoroso es jefe del Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de que ha sido diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Machado buscó alternativas ante la inhabilitación y decidió inscribir a la filósofa y catedrática Corina Yoris como candidata presidencial, sobre quien no pesa ninguna sanción ni impedimento. Sin embargo, el sistema electoral no permitió la inscripción de su candidatura. Ante ello, la oposición se inclinó por la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, cuya postulación si fue admitida por el CNE.
A pesar de haber tenido candidato, la oposición ha sido víctima de constante amedrentamiento por parte de esbirros del régimen chavista. Durante viajes de María Corina Machado para realizar actos proselitistas, agentes de seguridad han impedido que la candidata se traslade libremente e incluso personas cercanas a ella han sido arrestadas de forma irregular. Incluso el jefe de seguridad de Machado, Milciades Ávila fue detenido el 17 de julio y liberado al día siguiente.
Según la ONG Foro Penal, desde el primero de enero hasta el 16 de julio de este año, se han denunciado 102 detenciones de personas vinculadas con la oposición, de las cuales 77 fueron desde que inició la campaña, el 4 de julio.
Asimismo, seis personas cercanas a Machado se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, de donde no han podido salir ante las amenazas del gobierno.
Además, también se ha denunciado que el organismo recaudador de impuestos, Seniat, ha sancionado a hoteles y restaurantes en los que fueron atendidos miembros del equipo de campaña de la oposición.
Falta de competitividad
El CNE ha jugado un papel crucial en la dificultad que ha tenido la oposición para enfrentarse a Maduro. Primero, estableció un calendario electoral ajustado y, además, impuso restricciones injustificadas que han dificultado que los venezolanos en extranjero, que son 7.7 millones según ACNUR, puedan votar. No obstante, solo hay 69,189 electores inscritos para votar, de acuerdo con el Registro Electoral Preliminar.
Entre las restricciones impuestas se encuentran contar con un permiso de residencia o un pasaporte venezolano vigente. No obstante, en países como Estados Unidos y Ecuador los consulados se encuentran cerrados. Estas restricciones son consideradas como una herramienta del régimen para reducir los votos a favor de la oposición.
Asimismo, la oposición también ha denunciado que solo dos partidos de los que integran la coalición Plataforma Unitaria fueron habilitados para postular candidatos. Ante ello, la imagen de Edmundo González aparece solo dos veces en la cédula de votación, mientras que la de Nicolás Maduro aparece 13 veces.
Además, el CNE ha retirado la invitación a observadores internacionales como la Unión Europea, hecho que es una violación a los Acuerdos de Barbados firmados entre la dictadura y los Estados Unidos. No obstante, también se ha retirado la invitación a políticos afines a Maduro que han sido críticos con él en las últimas semanas, como es el caso de Alberto Fernández, expresidente de Argentina.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió cancelar el envío de una misión de observación electoral, luego de que Maduro cuestionara la transparencia del sistema electoral brasileño. Estos hechos han agudizado la tensión e incrementado las sospechas de que el proceso electoral no será transparente.
El reto más difícil del chavismo
El chavismo ha controlado todas las instituciones durante los últimos 25 años, salvo la Asamblea Nacional durante el periodo en el que la oposición obtuvo una contundente victoria en 2015. No obstante, a pesar de que el legislativo aprobó medidas como la destitución de Maduro en 2017, estas no surtieron efecto dado que no fueron obedecidas por otras instituciones ni las Fuerzas Armadas.
Ante ello, la oposición no ha tenido mayor control que algunas gobernaciones. Sin embargo, lo que se juega el chavismo este domingo es la continuidad de su modelo político y de la dictadura implantada en el país petrolero.
De resto, los espacios controlados por la oposición han estado limitados a un puñado de gobernaciones y a una parte minoritaria de las alcaldías.
Nada de esto es comparable con lo que está en juego este 28 de julio: el Poder Ejecutivo en un país con vocación presidencialista.
Y en el caso del oficialismo venezolano arriesga mucho más: la continuidad de un proyecto político. Este hecho no solo afectaría a Maduro, sino a jerarcas chavistas que han encontrado la impunidad con el modelo, como el ministro de Defensa, Padrino López, o Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV. Estos personajes podrían afrontar juicios por graves delitos ante cortes internacionales. Cabe señalar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene a su cargo una investigación por delitos contra la humanidad cometidos por la dictadura socialista.
(Con información de BBC)
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