Petrobras: Fiscalía de Brasil denuncia a dos ex ministros de Dilma Rousseff

La Procuradoría General de Brasil (Fiscalía) denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia a dos ex ministros del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff. La acusación se basa en su supuesta implicación en el caso de corrupción de Petrobras.

Se trata de la actual senadora Gleisi Hoffmann, quien fue ex ministro de la Presidencia, y de su marido Paulo Bernardo Silva, ex titular de Comunicaciones y de Planificación. Ambos forman parte del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Hoffmann es considerada una de las dirigentes más importantes del PT y además defensora de Dilma Rousseff en el Senado.

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La acusación contra la pareja se basa en una denuncia formulada por dos implicados en el caso Petrobras: el cambista Alberto Youssef y el ex ejecutivo de la estatal, Paulo Roberto Costa. Sus testimonios fueron obtenidos por acuerdos de delación con el Poder Judicial de Brasil.

Según esas denuncias, Hoffmann habría recibido un millón de reales (es decir, 285,000 dólares) de la trama de corrupción en Petrobras para poder financiar su campaña en 2010.

Por otro lado, Paulo Bernardo Silva, habría sido el encargado de requerir el pago de los fondos procedentes de Petrobras a Paulo Roberto Costa.

La defensa de Hoffman afirmó, por medio de un comunicado citado por medios locales, que la acusación se basa en "especulaciones" y "no apunta cualquier acto concreto" cometido por parte de la senadora.

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Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia investiga por el caso Petrobras a cerca de cincuenta políticos protegidos por el fuero privilegiado.

En otros fueros, desde 2014 se han presentado acusaciones contra 207 empresarios, ejecutivos de Petrobras y políticos no aforados. 111 de ellos han sido condenados.

Las investigaciones sobre Petrobras descubrieron una mafia en la que las más importantes empresas de construcción de Brasil crearon una red para repartirse las obras de Petrobras y para inflar el valor de esos contratos. Ello fue con el objetivo de aumentar sus beneficios y pagar sobornos a los ejecutivos y políticos que permitieron el fraude.

La petrolera, que se encuentra en una grave crisis financiera, reconoció que el fraude le costó pérdidas de, por lo menos, 2,000 millones de dólares entre 2004 y 2015.