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Nayib Bukele hace trabajar a presos bajo el plan ‘Cero Ocio’
De esa forma, los presos “podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad”, señaló Bukele.
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que miles de presos, incluyendo colaboradores de pandillas, reciben capacitación en diferentes áreas para “reconstruir” el país centroamericano.
“Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país”, aseguró Bukele en la red social X.
Tras intensas lluvias que han causado deslizamientos de tierra e inundaciones desde junio, cuadrillas de presos participan en diferentes tareas para mitigar los daños, sobre todo en la red vial.
De esa forma, los presos “podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad”, señaló Bukele.
El presidente publicó también en X un video en el que aparecen reclusos haciendo labores de construcción, agricultura, confección de ropa, fumigaciones, reparación de equipos electrónicos, entre otras.
Durante una cadena de radio y televisión, Bukele dijo la noche del viernes que son “casi 150 millones de dólares” lo que eroga el Estado al año para atender el sistema penitenciario.
“Estamos buscando la autosostenibilidad de los centros penitenciarios”, declaró por su parte el viceministro de Justicia y director general de las cárceles, Osiris Luna.
Casi 48.000 presos serán capacitados en distintas áreas, aseguró Luna.
El taller textil, con 5.400 reclusos, deberá elaborar 2,4 millones de uniformes para entregar a los alumnos de escuelas públicas el próximo año.
Otros 6.000 presos integrarán una constructora gubernamental para reparar escuelas, hospitales y construir carreteras. El resto de presos trabajarán en otras áreas productivas.
En el poder desde 2019, Bukele libra desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción, que suma más de 80.000 presuntos pandilleros detenidos.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue decretado por el Congreso a petición del mandatario como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
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