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Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, reaparece públicamente en juramentación de la nueva presidenta de México

Exprimera dama es investigada por el presunto delito de organización criminal.

Imagen
Lilia Paredes está en México desde 2022.
Lilia Paredes asistió a la toma de mando de la nueva presidenta de México. Foto: Franco Pomalaya.
Fecha Actualización

Aunque mantiene un perfil bajo, casi invisible, Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo y exprimera dama, reapareció públicamente durante la toma de mando de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. 

La ceremonia contó con la asistencia de presidentes de Chile, Colombia, Cuba, Brasil, además de vicepresidentes y diplomáticos de diversos países. Perú, Ecuador y España no estuvieron invitados, pero sí el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien no asistió. 

MIRA: SIN AUTOCRÍTICA: Claudia Sheinbaum inicia su gobierno calificando a AMLO como el mejor presidente de la historia de México

En diciembre del 2022, Lilia y sus hijos, Alondra y Arnold, viajaron después de que la cancillería les otorgara un salvoconducto. Desde entonces la familia de Castillo Terrones se encuentra en dicho país, mientras que el expresidente pasa sus días encerrado en Barbadillo cumpliendo prisión preventiva.

Pese a estar siendo investigada por presunta participación en una organización criminal, Paredes -maestra de profesión- ocupó un lugar destacado en la zona reservada para invitados especiales en uno de los balcones del Congreso mexicano.

Lilia Paredes y sus hijos, Alondra y Arnold, se trasladaron a México en diciembre en 2022 bajo un salvoconducto otorgado por la Cancillería peruana. Mientras tanto, Pedro Castillo continúa detenido en el penal Barbadillo, cumpliendo prisión preventiva. 

En México, Lilia Paredes, esposa de Castillo, vive un lujoso asilo con una pensión mensual de 10 mil dólares, así como vivienda y otros beneficios. La revelación la hizo la diputada de la oposición mexicana Mariana Gómez del Campo, quien advirtió que el trato preferencial a Paredes sería “injustificado” y plantea serias preocupaciones éticas y políticas, en lo que considera un uso indebido de recursos y una falta de transparencia gubernamental. 

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