La promesa de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump — de deportar a los 11 millones de inmigrantes en situación irregular — comienza a tomar forma.
Hoy se dio a conocer que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de dicho país ha dispuesto que la captura y deportación de inmigrantes ilegales incluya a los indocumentados sin antecedentes penales.
El secretario de Seguridad, John Kelly, señala en un comunicado que la prioridad seguirá siendo la captura y deportación de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes criminales. Sin embargo, "todos aquéllos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos".
Para llevar a cabo las deportaciones, John Kelly aprobó la contratación de 5,000 nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP) y 10,000 empleados para la agencia de control de migración (ICE).
Además, les ha otorgado la "autoridad completa para arrestar al extranjero que considere probable de haber violado las normas de inmigración".
Por el momento, el gobierno de Donald Trump no parece dispuesto a modificar el programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños.