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Proinversión adjudicará en junio proyecto para bloquear celulares en cárceles
La iniciativa requeriría una inversión de US$ 4.1 millones, sin contar IGV. Se busca frenar las extorsiones desde los penales.
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó hoy que en junio de este año se adjudicaría la concesión del proyecto "Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones", con el fin de bloquear celulares y Wi-Fi en las cárceles del país.
Este proyecto que impulsa Proinversión, por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, requeriría una inversión aproximada de 4.1 millones de dólares, sin Impuesto General a las Ventas (IGV).
El proceso de oferta pública se llevará a cabo entre el Consorcio Prisontec, que es el titular de la iniciativa privada, y los dos terceros interesados que presentaron su carta fianza correspondiente en el plazo establecido en la declaratoria de interés, es decir, el 17 de enero de 2014.
El mencionado proceso se inició luego de la publicación en la víspera de una resolución que ratifica los acuerdos del Consejo Directivo de ProInversión sobre incorporación del proyecto al proceso de promoción de la inversión privada y aprobación del plan de promoción respectivo.
El proyecto permitirá instalar sistemas de bloqueo o inhibición de señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil, así como de señales de red inalámbrica Wi-Fi en 33 centros penitenciarios del país.
Ello ayudará a reducir sustancialmente el crimen organizado desde las prisiones, que incluyen extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, entre otros.
La instalación de estos sistemas será gradual en los 33 establecimientos penitenciarios, los cuales agrupan poco más del 90% de la población penitenciaria del país.
Al mismo tiempo, la iniciativa contempla la instalación de teléfonos públicos en dichos establecimientos, garantizando la seguridad de las comunicaciones que realicen los internos.
En ese sentido, el proyecto es auto-sostenible, ya que la inversión se recupera mediante el cobro de las tarifas del servicio de telefonía pública, por lo que no se contempla cofinanciamiento del Estado.
El contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de 25 años. En este plazo el adjudicatario deberá implementar los cambios tecnológicos necesarios para bloquear los nuevos servicios móviles que entren al mercado.
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