“Perú nunca entró al ‘Plan Cóndor’”

Tras su pedido de captura a nivel internacional por parte de un juez federal de Argentina, el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez señaló que el Perú nunca formó parte del denominado 'Plan Cóndor'.

"Ese es un cuadro muy parecido a lo que hace un poco más de cuatro años dio acá la justicia italiana. El asunto principal es que quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que yo presidí en el famoso 'Plan Cóndor'", indicó el exmandatario a RPP.

En ese sentido, Morales Bermúdez señaló que los países que pertenecían a dicho plan (Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil) eran gobernados por "una dictadura que quería quedarse en el poder".

"El Perú nunca entró al Plan Cóndor porque aquí el gobierno militar estaba en un proceso de transición democrática y no teníamos que acudir en absoluto a dicho plan", añadió.

El expresidente de facto es acusado de enviar, en 1978, a 13 opositores hasta Argentina. El 'Plan Cóndor' consistía en acciones represivas coordinadas entre las dictaduras de la región entre los años 70 y 80.

Sobre el caso de la deportación de dichos ciudadanos, el exgobernante alegó que "eran personas que estaban alterando el orden público" en plena transición democrática.* "Algunos eran candidatos, pero regresaron luego porque no se les hizo absolutamente nada, se les cuidó para que regresaran y fueron constituyentes de la República", acotó.

Distinta fue la versión de Ricardo Napurí Schapiro, uno de los 13 opositores capturados y quien presentó la denuncia contra el exmandatario. Él negó haber sido deportado, como afirma Morales, y aseguró que los llevaron a una base militar contrasubversiva donde los golpearon salvajemente y los amenazaron de muerte.

SEGUIRÁ DEBIDO PROCESOPor su parte, el ministro de Justicia Juan Jiménez señaló que el proceso no sería muy largo pues solo resta que el pedido llegue al Poder Judicial –que determinará si procede– y que luego se envíe al Minjus para que se defina finalmente en el Consejo de Ministros.

Agregó que el Ministerio de Justicia también debe evaluar si la orden corresponde solo a una decisión política del gobierno argentino.