Comida, salud, educación y recreación. Estos son algunos de los aspectos que debería cubrir una pensión de alimentos de niños y adolescentes. Sin embargo, esto no siempre ocurre.
La Defensoría del Pueblo ha detectado que el 81.2% de jueces que tienen a su cargo procesos por alimentos suelen asignar montos menores a S/500 para estos gastos, dinero que resulta insuficiente.
Por si fuera poco, dicha institución comprobó que el 47.5% de estos casos tardan más de un año en resolverse, cuando el plazo legal es de 30 días hábiles.
“Esto impacta directamente en el bienestar de los niños. Por esta razón, el Poder Judicial debe agilizar estos procesos”, dijo a Perú21 Abraham García, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría.
García indicó, también, que es necesario que el Congreso de la República modifique el artículo 371 del Código Procesal Civil, el que permite la suspensión del pago de la pensión en caso de apelación de la contraparte.
“Esto no debería pasar porque hay niños afectados de por medio”, expresó.
DATO
El informe de la Defensoría, denominado El proceso de alimentos en el Perú, evaluó 3,512 expedientes archivados entre 2014 y 2016.