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Omar Chehade implicado en otro escándalo de lobbies
Suspendido parlamentario y presidente del Congreso buscan que el Estado pague 180 millones de soles al desaparecido Sindicato de Trabajadores de la Empresa Comercializadora de Alimentos (Sutecasa).
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Lina Godoylgodoy@peru21.com
El suspendido parlamentario Omar Chehade y el actual presidente del Congreso, Daniel Abugattás, hicieron lobbies para favorecer al Sindicato Único de la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (Sutecasa), que pretende cobrarle más de 180 millones de soles al Estado por supuestos beneficios sociales impagos.
Sin embargo, no han tomado en cuenta que, en este caso, el Poder Judicial declaró "deuda cero", el gremio ya no existe y el expediente fue archivado tras 18 años de litigio.
Lo peligroso para el Tesoro Público es que los nacionalistas piden que el pago se realice en base a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 13 marzo de 2009, que señala la cifra de 180'811,430.37 nuevos soles. Es más, gracias a los "buenos oficios" de sus abogados, han logrado que su caso sea reabierto en el Poder Judicial 24 horas antes de que la CIDH emita una resolución favorable a su propósito.
Es decir que, paralelamente, mientras buscan una solución conciliadora con la CIDH, Sutecasa sigue su proceso judicial.
CONGRESISTAS DILIGENTESEl pasado 13 de setiembre, menos de dos meses después de haber sido electo como segundo vicepresidente del país y congresista por Gana Perú, Chehade fue el primero en solicitar al entonces ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, que "se sirva disponer a quien corresponda atender, de acuerdo a ley, el documento" remitido a su despacho por los integrantes Sutecasa.
En su misiva, el legislador hizo referencia a la carta Nº 580-2011/DP/SSGPR, de la Subsecretaría General de la Presidencia de la República, para insistir en una respuesta del titular de Justicia.
Sin embargo, un mes después, exactamente el 24 de octubre, el ministro Eguiguren recibe otro pedido de atención para el mismo grupo de trabajadores pero, esta vez, del despacho de la Presidencia del Congreso, aunque con mayor contundencia.
El presidente Abugattás pedía "remitir a su despacho, para su evaluación y fines correspondientes, la comunicación que suscribe el señor Raúl Héctor Gonzales Rodríguez, secretario general de Sutecasa, quien expone su preocupación respecto a la postergación de su solicitud de conciliación de beneficios sociales".
Es más, pide que el portafolio a cargo del entonces ministro Eguiguren "analice el requerimiento, tome en consideración el hecho de que se trata de un reiterativo del oficio Nº 0198-2010-2011-DAM-GPN/CR y proponga un curso de solución, haciendo conocer el resultado del mismo a esta presidencia".
Efectivamente, el 19 de abril, el entonces vocero de la bancada nacionalista (Abugattás) envió una carta a la ministra de Justicia, Rosario Fernández, informándole sobre la resolución del 13 de marzo de 2009 de la CIDH y mediante la cual se declara la admisión de la demanda del Sutecasa en contra del Estado peruano por incumplimiento de sentencia de pago de beneficios y derechos laborales.
Es más, Abugattás hace referencia que, en dicha resolución, la CIDH convoca a las partes a una solución amistosa, conforme al artículo 48 de la Convención Americana, y hasta solicita una respuesta a este ofrecimiento a la mayor brevedad posible.
"Este trámite supranacional se origina por el lamentable desconocimiento de compromisos laborales por parte del Estado peruano, no obstante existir una sentencia del Poder Judicial –de la jurisdicción que reconoce como propia– que lo obliga a cumplirlos", dice en su oficio.
En tal sentido, solicitó que la entonces ministra Fernández dispusiera lo necesario, "con la mayor celeridad, para dar atención a esta invitación a la solución amistosa o conciliación de intereses formulado por el órgano supranacional en referencia".
CUESTIONAMIENTOSPara la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia estaba claro que no se podía atender el pedido de los congresistas Chehade y Abugattás y, tampoco, entrar a una etapa de solución amistosa, como pedía el presidente del Parlamento, porque Sutecasa tiene un proceso judicial pendiente en el país. Es decir que no es un caso concluido.
Es más, desde que se inició el proceso, en 1990, Sutecasa siempre obtuvo fallos contrarios. El Poder Judicial declaró "deuda cero", el Ministerio de Trabajo dispuso la cancelación del registro sindical de Sutecasa, un juzgado declaró improcedente el pedido de pago y declaró cosa juzgada, el expediente fue archivado, entre otros reveses.
Sin embargo, el 12 de marzo de 2009, inexplicablemente, Sutecasa logró que el caso fuera reabierto y que ingresara a un peritaje, en el cual permanece hasta hoy. Junto con este "cuestionado logro judicial", el 13 marzo de 2009, la CIDH admitió su pedido para que el Estado no solo le reconociera un pago con monto incluido (180´811,430.37 soles), sino que obligara al Estado a que arregle directamente el pago con los trabajadores mediante una solución amistosa.
El 19 de diciembre, el Ministerio de Economía volvió a decir que no quería una negociación amistosa. Los oficios de pedido de solución se basan en la opinión del dirigente Raúl Gonzales, y se sabe que hay varios congresistas que están pidiendo información sobre el caso.
DEFENSA CEDALEl abogado que siempre se identificó con este caso es Javier Mujica Petit, del Centro de Asesoría Laboral (CEDAL). Consultado por Perú21, dijo que ya no los representaba y que, en su lugar, se había quedado otra abogada.
Sin embargo, en el Ministerio de Justicia es sabido que el letrado, quien decía representar solo a un grupo minoritario, representa a todo el grupo. Allegados a Mujica señalan también que en 2002 usó sus influencias para lograr que el ex-Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, en la cual estaba su padre, cobrara una jugosa indemnización.
Cabe indicar, también, que CEDAL es una ONG en la cual Aída García Naranjo fue secretaría ejecutiva hasta que renunció para ser ministra de la Mujer del gobierno de Ollanta Humala.
DATOS
- En los últimos 4 años, el Estado logró que la CIDH declarara inadmisibles los casos CLAE, D'onofrio, Seguro Social y Sunat.
- De producirse la conciliación amistosa, se crearía un mal precedente para el Estado en materia laboral.
- El Ministerio de Justicia señala que este caso se debe concluir en sede nacional.
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