El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, descartó que la implementación de la recientemente aprobada ley de geolocalización para teléfonos celulares pueda violar la privacidad o intimidad de las personas.
"El tema no es ni de legalidad, ni constitucionalidad, sino de confianza. Nadie quiere volver a los años 90, eso está clarísimo. Nadie quiere volver a la época de Montesinos, donde todos estábamos chuponeados, seguidos, escuchados, vigilados", señaló.
"La propia ley le ha puesto candados a esto, pues será una unidad especializada de la Dirincri la única que va a poder solicitar a los 4 operadores de telefonía la ubicación del celular. No tiene nada que ver con escuchas", agregó.
El funcionario remarcó que la norma está dentro de la legalidad y explicó que con ella se gana inmediatez. Además, será herramienta fundamental que ayudará a que la Policía Nacional capture a los delincuentes.
Para aplicarla es necesario que se trate de un delito cometido en flagrancia y que el acceso a la información constituya un medio necesario para la investigación policial.
Asimismo, el funcionario reiteró que el decreto establece que los efectivos policiales deberán,* en menos de 24 horas, solicitar la convalidación del procedimiento ante un juez,* quien podrá confirmar o denegar la medida.
