INPE propone que Estado asuma costo de los grilletes electrónicos [INFOGRAFÍA]

El 21 de julio de 2017 se inició la era del grillete electrónico en el Perú. Una mujer de 41 años, madre de cuatro hijos, sentenciada a cuatro años de prisión por estafa, se convirtió en la primera persona en usar este dispositivo en nuestro país con el fin de cambiar el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, las normas establecen que el costo del uso del aparato debe ser asumido por cada reo, casi S/800 al mes.

“Esperábamos tener, a diciembre de 2018, cinco mil reos con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica”, refirió Carlos Vásquez, por ese entonces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Han pasado poco más de 30 meses de aquel anuncio y, hoy en día, solo 28 personas cuentan con vigilancia electrónica personal (VEP).

“Hemos llegado a tener hasta 35 personas con el grillete. Este dispositivo se les ha retirado a siete personas. Seis de ellas porque ya cumplieron sus medidas. Y a una se le quitó por incumplir las rutas señaladas”, indicó a Perú21 César Cárdenas, presidente del directorio del INPE.

Cárdenas reconoce que son pocos los que han accedido a este sistema, tomando en cuenta que la expectativa era contar con cinco mil de estos dispositivos plenamente operativos –lo que significaría cinco mil internos menos en nuestras cárceles– para 2018.

“Cuando se postuló este sistema, la idea era beneficiar a un número importante de personas, teniendo en cuenta que en nuestro país ingresan de diez mil a doce mil personas al año por prisión preventiva y muchas de estas salen antes del año”, manifestó.

Sostuvo que, para facilitar su uso, se tienen que corregir dos aspectos de la norma que regula la VEP. Una de ellas es que sea una comisión administrativa mixta la que evalúe a las personas que presenten la solicitud. “Podría estar integrada por alguien del Poder Judicial o del Ministerio Público, por ejemplo”, recalcó.

Actualmente, el interesado deber recurrir a un juez para hacer su pedido. “Considerando toda la carga procesal, a veces no les permite hacer la evaluación oportunamente. Si alguien le pide el sistema de vigilancia electrónica, probablemente pasen bastantes meses para empezar a calificar el pedido”, indicó.

COSTO-BENEFICIO

El costo que asume cada preso también es un problema. “Este sistema cuesta S/26 al día por persona. Es decir, entre S/780 y S/800 al mes. ¿Quiénes son los que están interesados en esto? Los que no tiene necesariamente un perfil criminal recurrente, los que no tienen cómo pagarlo. Son, en su mayoría, madres, cabezas de familia abandonadas”, dijo.

Por eso, el jefe del INPE propuso que sea el Estado el que asuma dicho pago. “Una persona privada de la libertad nos cuesta S/42 al día. Esto incluye alimento, tratamiento penitenciario, infraestructura, seguridad, salud. Son los costos mínimos. Ahora mismo, tenemos unas 96 mil personas privadas de la libertad. En ellas gastamos más de S/4 millones al día, S/120 millones al mes y S/1,451 millones al año”, puntualizó.

Cárdenas enfatizó que el INPE ha alcanzado una propuesta al Ministerio de Justicia. Ya han hecho una proyección de cuántos podrían usar el grillete electrónico.

“Actualmente hay 2,300 presos por omisión a la asistencia familiar y mil por haber conducido en estado de ebriedad, pero sin haber causado lesiones ni muertes. Estamos hablando de más de tres mil, que no necesariamente tienen que estar en prisión todo el tiempo. Es cantidad suficiente para justificar la inversión”, expresó.

Hoy hay 96 mil presos en 68 cárceles del país, cuya capacidad solo es para poco más de 40 mil reos. “Es un nivel de hacinamiento del 140%”, dijo (ver recuadro).

SOLICITUDES INDEBIDAS

El jefe del INPE también se refirió al pedido hecho por algunos jueces para que usen estos grilletes Jorge Cuba y Edwin Luyo –investigados por el caso Odebrecht–, además de Pedro David Pérez Miranda, ‘Peter Ferrari’, investigado por lavado de activos vinculados a la minería ilegal.

“El Decreto Legislativo Nº 1322 prohíbe expresamente la autorización del uso de vigilancia electrónica para los delitos por los cuales estas personas son procesadas. De manera que nosotros, en su momento, hemos alcanzado al juzgado correspondiente nuestra preocupación y nuestra precisión para que se nos explique cómo se está disponiendo la vigilancia electrónica para estos casos pese a que está prohibido”, refirió Cárdenas.

Dijo que esta situación podría animar a otras personas que lleven procesos similares y cuya prisión preventiva está por vencerse, a presentar un pedido. “Podría crear un mal precedente. Se estaría generando una situación alarmante”, recalcó.

CRONOLOGÍA

• 6 de enero de 2017

Se emite el Decreto Legislativo Nº 1322, que regula la vigilancia electrónica personal (VEP) o grillete electrónico.

• 9 de marzo de 2017

Se publica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1322 y se dictan medidas para la implementación de un plan piloto.

• 21 de julio de 2017

Colocan el primer grillete electrónico a Sara Patricia Salazar, sentenciada a cuatro años y cuatro meses de prisión por estafa.