El hacinamiento en los penales hace que las condiciones de higienes sean muy malas. (USI)
El hacinamiento en los penales hace que las condiciones de higienes sean muy malas. (USI)

Redacción PERÚ21

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En Suecia, luego de que la cantidad de presos bajara a un 1% en 2014, el gobierno decidió este año cerrar cuatro prisiones y un centro de rehabilitación. Esta realidad contrasta con lo que ocurre en la mayoría de países de América, incluido el Perú, en donde, en los últimos 10 años, la población penitenciaria se ha duplicado y ya sobrepasa los 71 mil internos.

Tenemos una sobrepoblación de 124% de reos. Ello significa que casi 40 mil internos no tienen cupo en las cárceles peruanas.

Con estas cifras, el Perú es uno de los países con mayor hacinamiento de la región. En promedio, por cada lugar que existe en una cárcel para un preso entran 2.5 reos, pero, en penales como Jaén (Cajamarca), en el lugar de uno entran cinco.

Según el (INPE), solo de 2013 a 2014 la población penitenciaria creció 6%. Si dicho crecimiento fuera sostenido, se tendría un grave problema para albergar a los presos, pues se debería construir dos penales por año con una capacidad para 3,500 internos, similares al penal de Lurigancho.

A causa del hacinamiento, muchos de los presos en el Perú tienen que dormir en los pasillos, baños o en el suelo y pagar dinero para compartir una cama. La tugurización, además, agrava los pésimos servicios básicos que existen en los penales. De la misma manera, la mala alimentación y falta de higiene, así como el acceso al alcohol y las drogas, hacen que enfermedades como el VIH y la tuberculosis se propaguen dentro y fuera del penal.

Héctor Bellido Sánchez, presidente del Instituto de Cultura Política y experto en temas penitenciarios, opinó que, en estas condiciones, la resocialización es totalmente imposible. "Los que ingresan por primera vez a un penal, en lugar de salir resocializados, entran a un ambiente perverso donde pueden ser abusados, iniciados en las drogas o en otros delitos", dijo.

Por ello, insistió en la concesión de los penales, pues una gestión privada, además de invertir en una infraestructura segura y especialmente diseñada para ese fin, podría mejorar el ejercicio de la autoridad. "Pero, mientras todo siga igual, los presos estarán las 24 horas del día pensando cómo seguir haciendo negocios desde la cárcel", advirtió.

PRISIÓN PREVENTIVAErnesto de la Jara, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el crecimiento acelerado de la población penal se da por muchas factores que se podrían manejar de mejor manera. Mencionó, entre ellas, el abuso del mandato de prisión preventiva, es decir, personas que, pese a que deberían tener la presunción de inocencia, han sido enviadas a un penal a la espera de su juicio.

"Según las leyes peruanas y las normas internacionales, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y adoptarse solo cuando se juntan tres factores: el indicio de culpabilidad, una pena mayor a cuatro años y el peligro de fuga. Empero, los jueces no siguen esta normativa", dijo.

En el Perú, el 51% de la población penitenciaria se encuentra recluida en prisión preventiva y, según los datos del propio INPE, de un promedio de 11 mil reos que salen de la cárcel por diversos motivos, unos 8 mil lo hacen porque se cambia su situación a comparecencia. En la mayoría de casos, estas personas están menos de un año en la cárcel.

"Esto es terrible, porque demuestra que hay gente que nunca debió entrar. La prisión preventiva se dio de forma apresurada, y se gastaron recursos del Estado, se contribuyó al hacinamiento y afectaron los derechos de la persona y de su familia", anotó De la Jara.

El experto indicó que muchos fiscales piden la prisión preventiva y los jueces la conceden por presión mediática, por miedo al control disciplinario o porque el imputado no tiene una buena defensa. "Además, es una respuesta a la población, que se siente insegura y reclama que los delitos sean sancionados", refirió.

Sin embargo, sugirió a las autoridades revisar los casos de la gente presa que no ha sido condenada. "El penal no es para pasar una temporada. Los penales son para condenas. En lugar de la prisión preventiva, caben otras sanciones, pero se debe garantizar que solo se sacará a la gente que no implica un peligro para la seguridad", enfatizó.

NO HAY BENEFICIOSPero esa no es la única causa del hacinamiento. César Cárdenas, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, señaló, entre otros motivos, la restricción impuesta por las autoridades para el acceso a los beneficios penitenciarios. Las cifras lo demuestran: entre 2012 y 2013, se excarceló con sentencias absolutorias a unas 5 mil personas, que serían inocentes, pero en 2014 –aunque no se tienen las cifras oficiales– se calcula que los beneficiados solo serían poco más de 2,200.

"Para que cambie una persona necesita alicientes y el cambio de reglas desalienta ese proceso. Hay personas que sí hacen esfuerzos por recuperarse y para ellos debería haber medidas especiales. Eso no significa que hay que dar beneficios a todos, pues hay delitos graves que, por su propia complejidad, no pueden contemplarse para este beneficio", subrayó.

Para Cárdenas, otra alternativa para destugurizar los penales sería enviar a los presos extranjeros a que terminen de cumplir sus condenas en su país. "Actualmente este procedimiento es muy engorroso y demora mucho. Hasta diciembre de 2014, había más de 200 solicitudes de extranjeros para regresar a sus países a cumplir sus penas, pero todas están a la espera en alguna instancia del gobierno", dijo.

Otra posibilidad, mencionó, es volver a los indultos humanitarios, que se paralizaron con los 'narcoindultos'. "Esto sería solo para los casos absolutamente necesarios y totalmente acreditados, como enfermos crónicos, degenerativos y terminales", precisó.

Cárdenas anotó que el INPE tiene fallas, pero está trabajando bien en el mejoramiento de los recintos carcelarios y solo no va a resolver el problema del hacinamiento. "Tienen que entrar a trabajar otros ministerios, como el de Salud, Mujer, Trabajo, y los gobiernos locales. Por la inseguridad se está tirando la pelota a las cárceles, pero podríamos lograr que nadie salga de la cárcel y eso no va a resolver el problema", concluyó.

DATO

  • Según el INPE, desde 1991 se han realizado 443 modificaciones a las normas penales, a través de las cuales se han creado nuevos tipos de delito, aumentado las penas y eliminado beneficios penitenciarios. "Eso explicaría la alta población penal", dijo Ernesto de la Jara.

Por Mariella Sausa (msausa@peru21.com)

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