Elecciones 2022: Organizaciones y especialistas ponen en agenda el tema del Hambre y Seguridad Alimentaria

El análisis se desarrolló bajo tres ejes temáticos transversales: a) La relación entre la producción de alimentos, su comercialización y la alimentación saludable de la población; b) Las medidas urgentes y políticas de transformación a medio y largo plazo; c) Situar el rol de los gobiernos regionales y municipales en la formulación de las propuestas y estrategias alimentarias y nutricionales.

Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutricional, representantes políticos, gubernamentales y de la sociedad civil de las regiones y municipios del país debatieron entre agosto y septiembre el gran tema “Hambre y Seguridad Alimentaria: Prioridad en la agenda pública”.

“Nos encontramos no sólo en una crisis alimentaria, sino también agroalimentaria. El problema mayor del sistema alimentario del Perú es su excesiva dependencia en insumos y alimentos importados. Hace insegura la alimentación de la población y muy limitada soberanía alimentaria. El modo de producción dominante que privilegia el monocultivo y un uso intensivo de insumos químicos es parte de un sistema alimentario controlado por pocas empresas transnacionales, de los cuales estos insumos son parte”, expresó iniciativa PERUSAN.

Una gran amenaza es el cambio climático, un desafío a muy corto plazo. Las comunidades lo sienten a través de la escasez de agua, las olas de calor y por cambios en los cultivos y crianza de las comunidades. Esto genera alta vulnerabilidad alimentaria, sobre todo, frente a nuestra inmensa biodiversidad; pues en muchos ecosistemas, el cambio climático ha generado transformaciones irreversibles.

La presencia de sistemas comerciales más modernos (supermercados) está facilitando la penetración de alimentos procesados y ultra procesados; se está cambiando el patrón de consumo en todas las regiones, incluso en las zonas rurales. Hay presión a los supermercados por las cadenas de monoproducción, que operan de modo contrario a los intereses del pequeño productor, el gran proveedor, y que está limitado por el intermediario, que es quien “habilita” y es parte del problema.

Las alternativas de solución tienen que ver con políticas públicas hacia una alimentación saludable y con descentralización en los territorios. El gobierno tiene que pasar de políticas que prioricen la agroexportación de productos de la agroindustria, hacia una política abierta y favorable para la agricultura familiar, pasando por la promoción y mayor consumo de productos hidrobiológicos de pesca y acuicultura sostenibles. Se requiere un plan nacional de agricultura familiar, pesca y acuicultura, pues la gestión sigue siendo centralizada y sin participación de los agricultores locales, ni coordinación con las regiones.

El cambio tiene que ser hacia un modelo territorial de gestión de recursos de la agrobiodiversidad del país. Debe priorizarse a los agricultores locales para desarrollar el potencial del 80% de microclimas que existen en el país, tanto desde lo biológico como desde las culturas que los gestionan, en costa, andes y amazonia. La riqueza de nuestra producción y seguridad alimentaria y nutricional debe basarse y proponer políticas públicas de protección social, orientadas a la alimentación saludable y la nutrición de la población, especialmente, la más vulnerable del país.