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Defensoría exige “un profesional adecuado” en reemplazo de presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del INPE
La Defensoría del Pueblo realizó este pedido al Ministerio de Justicia, tras la culminada designación de Susana Silva Hasembank en el cargo.
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Luego de que el Gobierno dio por terminada la designación de Susana Silva Hasembank como presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio de Justicia que designe en su reemplazo a “un/a profesional adecuado/a”.
“Ante el cese de presidenta del INPE, exigimos al Minjus que designe en su reemplazo a un/a profesional idóneo/a, que garantice correcta administración del INPE, lucha frontal contra la corrupción y pleno respeto a derechos humanos de personas privadas de libertad”, señaló la Defensoría en su cuenta de Twitter.
Agregó que en ningún supuesto sería aceptable que la remoción del cargo de la expresidenta del Consejo Nacional Penitenciario se haya debido a una “negativa de cumplir disposiciones contrarias a las normas internacionales, la Constitución o las leyes”.
Ante cese de presidenta del @INPEgob, exigimos a @MinjusDH_Peru que designe en su reemplazo a un/a profesional idóneo/a, que garantice correcta administración del INPE, lucha frontal contra la corrupción y pleno respeto a derechos humanos de personas privadas de libertad. (1/2) pic.twitter.com/jhwRjSwrST
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 5, 2022
Designación culminada
La resolución suprema 025-2022-JUS, publicada este sábado 5 de febrero en el boletín de normas legales del diario El Peruano, oficializó la salida de Silva Hasembank con las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.
El documento señala, sin mayor precisión, que “resulta necesario dar por concluida la citada designación” que empezó con la publicación de la resolución 207-2020-JUS publicada en setiembre del 2020 y le da las gracias por los servicios prestados.
La salida de Susana Silva del INPE se da un día después que se informara en diversos medios que el Gobierno estaría buscando otorgar un beneficio de redención de pena a Antauro Humala, preso por la toma de una comisaría en Andahuaylas, hecho conocido como el “Andahuaylazo”.
El ministro Aníbal Torres, al ser consultado sobre esta posibilidad, ironizó luego de asegurar que esta decisión no se puede tomar porque se respeta la ley.
“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, dijo ante la prensa cuando se le preguntó sobre la posibilidad de otorgar beneficios a favor de la liberación de Antauro Humala.
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