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Defensor del Pueblo sobre cuarentena: “limita el derecho de acceso a la salud y al trabajo”
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El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que el aislamiento social obligatorio dictado por el Poder Ejecutivo por la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha limitado el derecho de acceso a la salud y al trabajo en los más de 90 días que lleva de vigencia.
En RPP Noticias, recordó que solo en Lima al menos dos millones de personas han perdido sus trabajos durante la cuarentena y enfatizó que la aplicación de regímenes de excepción tiene que ser suficientemente y objetivamente motivada, así como limitada en el tiempo.
“A todo el país se le ha recortado el derecho de acceso a la salud, porque hay personas que están con enfermedades graves y ha visto limitado su acceso a la salud, y probablemente esta cuarentena ha afectado su condición y en algunos casos puede haber acelerado la posibilidad de que tenga un resultado fatal”, expresó.
“¿En qué parte de la Constitución dice que estos estados de emergencia, de excepción, limitan el derecho al trabajo? Nosotros comprendemos que esta es una actuación inédita, pero por 90 días se ha limitado el derecho al trabajo. En Lima nomás estamos hablando de dos millones de personas han perdido sus trabajos”, añadió.
En ese sentido, Gutiérrez admitió que si bien “vivimos en una anormalidad constitucional” debido al COVID-19, de todas maneras esto tiene que ser limitado en el tiempo.
“Todo esto tiene que tener un límite en el tiempo y sobre todo una explicación porque no existen actos que no deban ser fundamentados en un régimen democrático. No existe absoluta discrecionalidad. Si usted va a limitar derechos, tiene que explicar por qué y sobre qué bases objetivas está prefiriendo esto y no lo otro”, subrayó.
“Nosotros consideramos que esta situación es insostenible y mucho menos para el propósito que han manifestado los ministros”, finalizó.
Como se recuerda, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia el pasado 15 de marzo, medida que implicó el aislamiento y la inmovilización obligatorias a fin de prevenir la propagación del COVID-19. Desde su inicio, tuvo sucesivas prórrogas, la última hasta el 30 de junio.
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