Conflictos sociales en gobierno de Ollanta Humala dejaron 50 muertos y 750 heridos

Durante el gobierno del presidente Ollanta Humala (2011-2016), los conflictos sociales se agudizaron y dejaron al menos 50 muertos y 750 heridos, según un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y dado a conocer este miércoles durante la presentación del informe N°18 del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

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David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), señaló que durante la gestión del mandatario saliente hubo un promedio de 217 conflictos sociales por mes, de los cuales el 70% tuvo un origen medioambiental y se debió específicamente a protestas por la actividad minera o de hidrocarburos.

Las regiones que concentraron el 50% de los conflictos sociales son Apurímac, Áncash, Puno, Cajamarca, Cusco y Piura, donde las protestas tuvieron como factor fundamental la minería.

Setiembre de 2015: Protesta en Iquitos contra la explotación del lote petrolero 192. (EFE)

Además, desde 2013 se aprobaron una serie de normas como los decretos 054, 060 y las leyes 30230 y 30327 que facilitaron la inversión, haciendo más sencillos los trámites burocráticos. Sin embargo, para Leyva, dichas normas no solo eliminaron los trámites, sino que debilitaron la protección de los derechos de las personas y del medio ambiente.

"Por ejemplo, el decreto supremo 054-2013-PCM, dijo, tiene la finalidad de simplificar los procesos administrativos usando el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), con el único requisito de que el proyecto tenga el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, pero se abusa del mismo", manifestó Leyva.

"En Atacocha (Pasco), usando este procedimiento, se cambió la forma de exploración a tajo abierto, pese a que la norma es para cambios no significativos. Igualmente en Las Bambas, utilizando este sistema rápido, se trasladó dos plantas y se amplió la planta de concentrados. *Hay pues una mala aplicación del procedimiento y por eso la población está protestando*", agregó.

Vista panorámica del proyecto Las Bambas. (Difusión)

Uno de ellos, quizá el más importante y al que se le debe poner especial atención porque podría convertirse en el nuevo 'Conga', es el conflicto en Apurímac por el proyecto minero Las Bambas.

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"Allí hay un conflicto de coexistencia y estamos viendo claramente cómo la contrarreforma ambiental y los retrocesos están afectando el proyecto. Este ya ha sido modificado hasta cinco veces, dos por el estudio de impacto ambiental, pero tres más por las modificaciones sustanciales que se han hecho usando el ITS", comentó.

"La gente allí no se opone al proyecto, pide respeto, que se le pida opinión y que se le informe si hay cambios y hay impacto en la zona. Ese conflicto estalló el año pasado, pero la mesa de diálogo recién se formó en marzo. El proceso de diálogo avanza muy lentamente y da la impresión de que los encargados del tema trabajan de manera poco responsable", agregó.

Otro conflicto latente está en Espinar (Cusco), donde la población, desde mayo de 2012, sigue exigiendo al Estado que asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud por los trabajos de la minera Glencore-Xtrata.

En ese lugar el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de contaminación es la minera, la cual sostiene que su origen es natural.

"El reto del nuevo presidente estará en el sur del país, donde se concentra la inversión minera, pero también *la conflictividad social*", anotó.

No obstante, De Echave sostuvo que la reciente visita de Kuczynski al Complejo Metalúrgico de La Oroya —donde mostró preocupado por la situación laboral de los trabajadores y no habló de la contaminación del lugar—, constituye un reflejo de su entendimiento sobre los conflictos sociales.

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"Es legítimo preocuparse por los trabajadores, pero dejar de lado el tema ambiental resulta inquietante. En su plan de gobierno se puede ver que el tema está un poco de lado y parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden resolver con una inyección económica, pero no ven el tema de la institucionalidad, no reconocen que los conflictos son multidimensionales y pueden tener un componente ambiental, social y cultural", dijo.

De Echave indicó que, para la prevención de los conflictos mineros, el Estado debe fortalecer su rol como garante de los derechos de las personas, implementar un sistema de quejas y descentralizar la Oficina Nacional de Diálogo, pero sobre todo cumplir los acuerdos que adopta con los pobladores.