Era más de la 1:00 p.m., la hora pactada para el encuentro, y Mateo Castañeda no llegaba. En el restaurante miraflorino Pescados Capitales, la impaciencia empezaba a apoderarse del exministro del Interior Carlos Morán y del coronel PNP Harvey Colchado, quienes habían llegado con varios minutos de anticipación. El entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, y del propio Morán, se sabía en falta y envió un mensaje al celular del general PNP (r) para calmarlos. “Vayan pidiendo un vinito”, escribió.
Así fueron los momentos previos a la reunión que se concretó más de una hora después, el último 14 de marzo. Perú21 conoció detalles de los diálogos que grabó ese día Colchado, quien se estrenaba como agente encubierto con la venia de la fiscal superior Marita Barreto.
Los audios, que superan las tres horas de duración, obran desde esta semana en la carpeta del caso Los Waykis en la Sombra, que indaga el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Cuando Castañeda llegó al restaurante, eran las 2:20 p.m. y sus invitados, sentados alrededor de una mesa, ya habían consumido la mitad de la botella del vino tinto que pidieron.
Después de saludar a ambos y disculparse por la tardanza, el defensor legal de Boluarte lanzó una frase para demostrarles a quién tenían al frente.
“Voy a ser fiscal de la Nación”, dijo con seguridad, según las fuentes consultadas. Con ese comentario, aterrizó la conversación a los temas que abordaría.
Su entusiasmo hizo que, por un momento, pusiera sus intereses por sobre los de sus clientes, y es que la cita que él mismo convocó era para tratar los casos de Dina y su hermano Nicanor.
Pasado un rato, como lo manifestó públicamente, Carlos Morán se retiró del lugar y dejó a los dos hombres hablando. Había cumplido con juntar a Colchado y Castañeda, como este último se lo requirió.
El deseo de Mateo Castañeda por dirigir el Ministerio Público es real. Distintas fuentes cercanas a este recuerdan haberlo escuchado decir que “en cualquier momento” se convierte en fiscal supremo. Ese es su sueño frustrado desde hace 14 años.
En 2010, con 49 años de edad, Castañeda, por entonces fiscal superior, postuló al concurso 002-2010 para una de las tres plazas de fiscal supremo que convocó el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El abogado quedó tercero tras aprobar todas las etapas de evaluación –examen escrito, curricular y entrevista– con 83.30 puntos de 100. Se ubicó detrás del hoy prófugo exjuez supremo César Hinostroza, que quedó primero con 90.10 puntos, y de Carlos Ramos Heredia, exfiscal de la Nación, que alcanzó 83.34 puntos.
Sin embargo, ya en la votación para la designación de magistrados, los miembros del CNM se inclinaron por darle las plazas a Ramos y al hoy destituido fiscal supremo Pedro Chávarry, que se había ubicado quinto con 74.26 puntos. La tercera vacante fue declarada desierta.
Desde ese entonces, y con la sangre en el ojo, Castañeda Segovia presentó recursos legales ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC) para que se le reconozca la plaza. Todos sus esfuerzos fueron rechazados.
El exfiscal insistió y acudió en 2014 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) buscando ese cometido. Hasta hoy espera el pronunciamiento del tribunal. Pero, al recurrir a ese enfrentamiento contra el Estado peruano, abrió una vía legal que quería aprovechar.
En 2022, Perú21 reveló que el hombre de leyes —conocido por defender a políticos como el exalcalde Luis Castañeda Lossio y el congresista José Luna— se reunió en octubre de 2021 con el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, para llegar a una “solución amistosa”.
Esta es una salida que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que un peticionario llegue a un acuerdo con el Estado en lugar de esperar a una sentencia de la Corte-IDH.
“Visité al ministro y le expliqué el asunto; para evitarle al Estado peruano una condena, le propuse una solución amistosa porque esto es una decisión política”, expresó a este diario aquella vez. Mateo Castañeda tenía claro que el Ejecutivo podía darle lo que tanto ansiaba.
No obstante, el gobierno de Pedro Castillo no duró y este fue vacado en diciembre de 2022 por el golpe de Estado que perpetró.
Con Dina Boluarte como su patrocinada, Castañeda tenía una vía más accesible a su objetivo. Es más, a la mandataria le habría caído a pelo que su defensor integre la entidad que le ha abierto hasta cuatro procesos penales.
Este diario le consultó al nuevo abogado de la gobernante, Juan Carlos Portugal, si la jefa de Estado habló en algún momento con Castañeda sobre esa solución amistosa que estaba sobre la mesa. Respondió: “Un rotundo no”.
La reunión de ese 14 de marzo continuó sin el general Morán. Castañeda le preguntó a Harvey Colchado por qué el caso de Nicanor Boluarte, investigado por su aparente participación en el direccionamiento de un millonario presupuesto al municipio cajamarquino de Nanchoc, no estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
“¿Por qué el caso de Nicanor Boluarte no pasó a la Fiscalía Anticorrupción?”, consultó. “Hasta el momento no hay mucho. Por lo que he visto, debe archivarse en tres meses”, contestó el oficial PNP, cumpliendo el rol de agente encubierto.
En otro momento, el abogado nacido en Apurímac, al igual que Dina y Nicanor, le recordó a Colchado el poder que tenía por defender a la presidenta y le garantizó el ascenso a general si colaboraba con filtrarle información de las investigaciones.
“Soy paisano de la presidenta, ella confía mucho en mí (…). ¿Cuándo postulas a general? Estamos para apoyar a los amigos”, expresó.
Esa cita concluyó con un acuerdo: que el coronel Colchado le informe cualquier dato de las indagaciones a través de Carlos Morán.
La segunda reunión se registró el 30 de abril, en el restaurante del Centro Aeronáutico del Perú, en San Isidro. También fue convocada por el abogado, tras llamar a Morán en la madrugada del 26 de abril.
Aunque esta vez, Harvey Colchado pidió la presencia de Nicanor Boluarte para “esclarecer la situación de una vez por todas”. El hermanísimo no acudió.
Para ese momento, Colchado había sido suspendido como jefe de la Diviac y quedó fuera de las diligencias del Eficcop.
En este nuevo encuentro sí se quedó Morán para escuchar todo lo que Castañeda tenía que decir. Ahí fue donde hace saber sus intenciones de socavar la gestión del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y del fiscal adjunto Hernán Mendoza, los que investigaban a su clienta.
“Villena nunca ha hecho nada como fiscal y con este caso quiere quedarse en la Fiscalía (…) hay que intercambiar figuritas. Necesito un expediente laboral y familiar de Villena y del fiscal Mendoza”, requirió el letrado. Esa solicitud también la reveló Morán ante la prensa.
Por estas maniobras, el Eficcop incluyó a Mateo Castañeda como investigado y consiguió momentáneamente su detención. La clave para corroborar este testimonio está en el celular de Morán, que contiene los chats con Castañeda y otras comunicaciones.
El pasado 20 de mayo, el exfiscal superior renunció al patrocinio de la presidenta para defenderse a sí mismo sin distracciones.
Perú21 buscó su versión insistentemente. Se llamó a su estudio y a su abogado Eduardo Barriga, cuyo número de celular declaró en los procesos de Dina Boluarte. No hubo respuesta.
A Castañeda se le envió preguntas por WhatsApp, pero tampoco contestó al cierre de esta edición.