Granadas sueltas, ciudadanos en peligro e investigación pendiente

Las alarmas del Ministerio de Defensa se encendieron el 5 de diciembre del año pasado. El oficio 692-2023 de la Inspectoría General del sector llegó al despacho del ministro Jorge Chávez Cresta con información sobre las adquisiciones y destino de material de guerra y granadas de mano adquiridas desde el año 2010.

Aquellos papeles que llevaban el sello de Reservado tenían tal fuerza que podían hacer estallar al gobierno por la desidia para enfrentar el terrible problema de la pérdida de armamento y municiones.

En septiembre de 2023, el cantante Sergio Romero, más conocido como Chechito, se iba a presentar en la discoteca Xander’s del distrito de San Juan de Lurigancho. Su repertorio de cumbia estaba listo para hacer bailar a decenas de vecinos que sobre las ocho de la noche iban llegando al recinto. Pero a las 8:19 p.m. un fuerte estallido conmocionó a asistentes y transeúntes. Una granada de mano de uso militar había explotado en Xander’s. Chechito estaba bajo amenaza y con él todo un distrito.

La delincuencia organizada se había manifestado y le había mandado un mensaje no solo al cantante, sino también a toda una ciudad que ya sufría una ola de inseguridad. Con granadas en su poder, la situación estaba desbordada. El gobierno reaccionó e instauró un estado de emergencia.

En paralelo, el ministro Chávez Cresta ordenó a los entonces comandantes generales de los institutos armados que se verifiquen los inventarios del material de guerra (armas pequeñas, municiones y explosivos).

No era la primera vez que una granada de uso militar estaba en manos de la delincuencia. En 2015, un suboficial de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) voló por los aires al intentar neutralizar una granada de mano BRM 75 adquirida años antes por el Ejército y que fue sustraída, junto a un lote de 800 explosivos, del polvorín Cruz de Hueso del Servicio de Material de Guerra.

Después de la respuesta de los institutos armados, la Inspectoría General del Ministerio de Defensa entró a tallar. “Inspectoría General concluye que de la información brindada por las instituciones armadas se advierte que existirían indicios razonables para presumir la comisión de actos irregulares en la administración de las granadas del Ejército”, señala el documento enviado al ministro de Defensa. “Esto podría configurar ilícitos de naturaleza penal”, finaliza el oficio que es acompañado por un extenso informe con el sello de Reservado.

Días después, también llegó al Ministerio de Defensa otra información preocupante (ver infografía). El Fuero Militar Policial, mediante el Oficio 539 – 2023, envió una información con la lista de procesos judiciales internos a lo largo del país. En total son 118 procesos por pérdida de material de guerra. Cincuenta procesos están en el Tribunal Superior Militar del Sur y treinta y seis procesos en el Tribunal Superior Militar del Norte.

Mientras todo esto ocurría en Lima, el 9 de enero de este año los guayaquileños veían, por señal abierta, cómo su principal canal de televisión era tomado por delincuentes. Ecuador entraba en un conflicto armado interno. ¿De dónde venía el armamento con el que tomaron TC Televisión? Algún periodista de dicho país esbozó la teoría de que las armas usadas por los criminales venían de Perú. En Lima, otra vez estalló una bomba.

Una semana después, el 16 de enero, Jorge Chávez Cresta remitió al procurador del sector la alerta y una solicitud para denunciar a los que resulten responsables de lo que la Inspectoría había encontrado: granadas sueltas que estarían siendo usadas por delincuentes y que pertenecerían al Ejército del Perú.

Al día siguiente, el procurador del Ministerio de Defensa, Luis Navarro, envío un oficio al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. En el documento se consigna el reportaje publicado por Perú21 en su edición del 14 de enero. Además, le envió el listado de los 118 procesos. “La gravedad del tema implica que el destino del material de guerra sustraído de instalaciones militares pueda terminar en manos de la delincuencia común u organizada causando perjuicio a la seguridad pública y hasta el orden democrático, debiendo ameritar una investigación exhaustiva de las desapariciones de todo el material de guerra en su conjunto”, dice el Oficio 092-2024, que el fiscal tiene en su poder desde el 17 de enero.

En el documento también se solicita al fiscal de la Nación una reunión “a fin de dar mayor detalle respecto de los hechos puestos a su conocimiento”.

Perú21 confirmó que el ministro quiere entregarle personalmente al fiscal Villena el informe Reservado, donde se detalla toda la pérdida de material de guerra que la Inspectoría del Ministerio de Defensa ha detectado.

Esta reunión debe darse esta semana, pues está en riesgo la seguridad nacional.

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