Por: Joma Gálaga y Shirley Arellano
Cuando Lily Puescas fue asesinada en agosto último, se encontraba atendiendo a su amiga en la puerta de su bodega de abarrotes Señor Cautivo en la calurosa provincia de Sullana, en Piura.
Los dos sicarios llegaron al lugar en moto. Tras estacionarse, uno de ellos se acercó a la tienda, sacó un arma de fuego y a sangre fría le descargó tres disparos en la cabeza. La amiga salió corriendo y se salvó.
Ese fue el homicidio número 33 que se reportaba hasta esa fecha en la ciudad del norte. Al día de hoy, en Sullana, el sicariato se ha llevado la vida de al menos 36 personas. Y entre homicidios y asesinatos por atraco, las muertes suman 57.
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¿Desde cuándo el nivel de violencia en Sullana se volvió insostenible para que sea la única provincia del país en la que el gobierno de Dina Boluarte ha declarado un estado de emergencia por 60 días?
La ciudad piurana, que registra más de 300 mil habitantes, ha sido puesta al mismo nivel que los peligrosos distritos limeños de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho —también declarados en emergencia— que padecen diariamente al crimen.
EN SU SALSA
Septiembre ha sido el mes más sangriento del año para Sullana.
Han pasado cuatro días desde que se declararon en emergencia siete distritos de la mencionada provincia. Sin embargo, las estadísticas del crimen siguen subiendo. De hecho, tan solo en las últimas 24 horas se han reportado cuatro personas heridas de bala por sicariato y una explosión en una vivienda a causa de las extorsiones, según reportes de la Policía.
Ni siquiera el alcalde se ha salvado de las garras de la criminalidad. “Desde el mes de abril vengo siendo extorsionado y el servicio de inteligencia me señaló eso. Tengo seguridad, guardaespaldas. Hay un sicario al cual le han pagado para que me mate”, aseguró Marlem Mogollón en una entrevista a RPP esta semana.
Al menos desde junio de este año, la población en Sullana se ha reunido para exigirle soluciones al gobierno de Boluarte.
Sin embargo, aun con el estado de emergencia activo, se siguen registrando robos y asesinatos a plena luz del día. Es decir, que los militares salgan a resguardar las calles, como lo anunció el Ejecutivo, no asusta ni al ladrón de celulares.
¿DÓNDE ESTÁ EL PLAN?
Es un hecho: la Policía Nacional se ha visto rebasada y necesita refuerzos. La declaratoria de emergencia publicada este 19 de septiembre señalaba que la Comandancia General de la Policía recomendó la medida mediante cuatro informes drásticos.
Advirtieron que la presencia de bandas y organizaciones criminales ponía en “riesgo y peligro a la ciudadanía de estas jurisdicciones, impactando en la seguridad y afectando así el orden interno y generando zozobra en dichas zonas”.
Es así que, luego de encabezar la sesión de Consejo de Ministros desde Nueva York, la presidenta Dina Boluarte anunció, para sorpresa de muchos, un estado de emergencia.
Según fuentes de Perú21, esta medida no fue consultada ni a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes se enteraron por los medios de comunicación que saldrían a las calles para apoyar a la PNP.
De la misma manera, alcaldes de otros distritos de la capital aseguran no haber tenido conocimiento de ninguna estrategia integral ni mucho menos haber sido convocados por el Ejecutivo para conversar soluciones en conjunto.
“La presidenta ha tomado una decisión apresurada y ha quedado mal. Se tiene que armar una mesa donde participen los alcaldes para conseguir un plan real”, aseguró a este diario el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco.
De la misma manera, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, aseveró que, al declarar en emergencia solo dos distritos de la capital, lo único que se ocasionará es que la delincuencia migre a otras zonas.
“No hay una estrategia. Se están creando soluciones que no arreglan el problema”, mencionó a Perú21.
Consultado por la decisión del gobierno, el excomandante general del Ejército Otto Guibovich señaló que era “opositor (a la idea) de que las Fuerzas Armadas le hagan tareas a la Policía”.
“El estado de emergencia tiene que ser temporal, acotado y con un marco legal claramente definido. Primero los planes, primero la inteligencia, y luego declarar en emergencia”, dijo a Perú21.
Sin embargo, Guibovich reconoció que los militares tienen una capacidad disuasiva que podría ayudar a reducir los crímenes y restaurar la confianza en los vecinos de dichos distritos.
Por su lado, el exdirector general de la PNP Luis Montoya recalcó la necesidad de un plan estratégico dirigido por “un presidente estadista y un titular del Interior estratega y comprometido”.
“Yo no soy muy partidario del estado de emergencia porque primero tiene que haber planes de trabajo, reuniones del gabinete, reuniones de trabajo, saber qué debe hacer cada uno y todo debe estar asignado en el Plan General de Operaciones”, señaló a este diario.
¿Pero qué pasa más allá de la presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas? ¿Es realmente una solución a largo plazo que erradicará la criminalidad y la presencia de bandas transaccionales como el temido Tren de Aragua?
A LA DERIVA
Según datos de la PNP a los que accedió Perú21, entre enero y junio de 2023, San Juan de Lurigancho registró 10,850 denuncias por delitos como extorsión, trata de personas y delincuencia común; y San Martín de Porres, 3,348.
Solo dos años antes, en el mismo periodo, San Juan de Lurigancho registraba 5,395 denuncias por lo mismo, mientras que San Martín, 1,554. Un aumento exponencial de la criminalidad.
En el caso de San Juan de Lurigancho, los delitos de mayor incidencia son la prostitución clandestina, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, violencia familiar, violencia sexual, delitos contra el patrimonio, hurto simple y agravado, y delitos contra la seguridad pública.
Según el plan distrital de seguridad ciudadana de 2023, hubo 36,603 delitos contra el patrimonio entre 2019-2022.
Un hecho curioso sucedió la mañana del último jueves 21, cuando el comandante general de la PNP Jorge Angulo, y otras altas autoridades de dicha institución presentaron a un grupo de delincuentes en trajes rojos y con carteles en el pecho según el delito que cometieron.
“No quisiéramos que intenten fugar o que alguien los quiera rescatar. Por eso el color (rojo), para que sean fáciles de identificar”, explicó Angulo a la prensa.
Forzados a cumplir con la medida de emergencia, que debió ser parte de un plan estratégico que, ya sabemos, no existe, los altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “se reúnen todos los días” para evaluar la estrategia contra el crimen, según fuentes del sector.
Las fuentes resaltaron que en los últimos tres días no hubo muertes en San Juan de Lurigancho a causa de la delincuencia. “De acuerdo con la inteligencia operativa del Comando Operacional del Centro, esta se va afinando a cada zona (distrito)”, indicaron. En otras palabras, el trabajo se hace en el camino.
Boluarte apostó por la improvisación, y las consecuencias las sufrirán todos los ciudadanos.
