López Aliaga vs. Las Cucardas: más indefensas que nunca

Por: Joma Gálaga y Shirley Cayetano

Un revólver apunta la cabeza de Camila. Parado en la puerta de su casa, su agresor, un extorsionador, solo piensa en el dinero que le exigirá. Ella cuida sola a sus dos hijos, que pasan ya dos días sin llevar comida a la boca.

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“‘Pagas el cupo porque pagas’, me dijo. Yo ya no quiero salir de mi casa. Necesito ayuda”, dice aterrada.

A un mes del cierre de Las Cucardas, un conocido club nocturno ubicado en el Cercado de Lima, las trabajadoras sexuales como Camila —nombre ficticio que utiliza este diario para proteger la identidad de la víctima— claman auxilio en medio de la ola de violencia e indiferencia que viven.

Tras el ataque a las dos trabajadoras de nacionalidad venezolana que se negaron al pago de cupos en la zona más picante de Lince, a manos de criminales dedicados a la extorsión, el miedo sigue creciendo.

Acostumbradas a protegerse de las mafias dentro de un salón de baile, la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, las obliga hoy a salir a las calles para conseguir lo mínimo indispensable e intentar sobrevivir.

LÓPEZ ALIAGA VS. LAS CUCARDAS

Las Cucardas siempre fue un local próspero, con clientela fiel que funcionaba sin mayores sobresaltos.

Según documentación que revisó Perú21, contaba desde 2015 con licencia de funcionamiento hasta 2026 y es el único establecimiento en el país con el giro comercial de ‘prostíbulo’.

Sin embargo, para la Gerencia de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, que dirige Mario Casaretto La Torre, el local no contaba con condiciones de seguridad y se procedió a clausurarlo el último 15 de mayo.

En dos días, Las Cucardas subsanó las 11 observaciones identificadas y, ante ello, los mismos inspectores de la MML suscribieron el informe VISE 51-2024, con el que concluyeron que el local sí cumple con las condiciones para funcionar.

Curiosamente, dos días después la comuna que dirige López Aliaga envió una carta al club nocturno para pedirle documentación que justifique la no instalación de rociadores contra incendios, pese a que el negocio entregó una copia documentada de ello.

La sustentación del club, que lleva la firma del arquitecto colegiado Julio Rodríguez Flores, concluye que el local sí cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones y que, de acuerdo con la norma, no amerita la implementación de rociadores.

Solo bastó una semana para que, pese al visto bueno de los inspectores del municipio, la gestión del alcalde de Lima decidiera cerrar el prostíbulo aseverando que el local no tiene garantías para operar.

El 30 de abril, el municipio revocó el certificado de funcionamiento y el 7 de mayo anuló la autorización municipal que les daba el giro de ‘prostíbulo’. Un proceso llamativamente rápido y que, según la documentación revisada por este diario, ya no tendría manera de resarcirse, pues la comuna agotó el proceso administrativo que se seguía.

Pero habría una motivación más grande. Las trabajadoras sexuales dejadas a su suerte piensan que los intereses apuntan a un objetivo empresarial: la construcción de un condominio en Cercado de Lima en la misma cuadra del club nocturno. Según menciona Angela Villón, coordinadora de la organización Miluska, Vida y Dignidad, a Perú21, Las Cucardas podría serle incómodo a la inmobiliaria (ver entrevista).

Hasta la fecha, la Municipalidad de Lima no se ha contactado con ninguna representante u organización de trabajadoras sexuales, pese a que en reiteradas ocasiones ellas han buscado un acercamiento.

Este diario intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima para conocer a detalle las razones del cierre del club nocturno, y si tuvo que ver la construcción del condominio, como alegan las afectadas. Sin embargo, al cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

A LA DERIVA

En el Perú, la prostitución no es considerada un delito por la ley, mas sí lo es el proxenetismo, según el artículo 181 del Código Penal. Obtener beneficios económicos a partir de la explotación sexual a una persona tiene una pena de hasta seis años de cárcel.

Quienes se dedican a dar este servicio aducen que las diferencias entre ser trabajadora sexual y la explotación o trata de personas son variadas. La calle las expone justamente al peligro y a las actividades delictivas.

Ser prostituta es más que pararse en una esquina. Las bandas criminales las atrapan en un círculo del que salir es imposible. Para laborar deben pagar matrículas que son una especie de ‘derecho de piso’, cuyo precio varía dependiendo de la zona. En Lince, por ejemplo, la matrícula es S/1,800 y tienen hasta tres días para pagarla.

Además de ello, deben abonar cuotas semanales que oscilan entre S/250 y S/500. En Lince es de S/500 debido a la gran demanda de clientes. No cumplir con estas exigencias es una sentencia de muerte.

Para protegerse de las mafias, muchas de ellas recurren al llamado ‘batuteo’, actividad en la que las trabajadoras sexuales se mueven de un lado a otro para esconderse de la extorsión.

Son estas las condiciones a las que están expuestas 150 de ellas que gozaban de tranquilidad en Las Cucardas, según Ángela Villón.

La abogada especialista en derechos humanos Dania Coz señaló que el artículo 179 del Código Penal, que penaliza el “favorecimiento a la prostitución”, podría ser “algo confuso” para las personas que puedan tener un club nocturno.

“Lo ideal sería algún marco normativo que establezca los requisitos que deben cumplir este tipo de lugares precisamente para evitar la explotación sexual”, sostuvo Coz.

Teniendo en cuenta el reciente ataque de dos trabajadoras en el distrito de Lince, el cual dejó a una de ellas internada en el hospital Casimiro Ulloa, este diario buscó conocer cuáles son las acciones que ha tomado la alcaldesa Malca Schnaiderman Lara, quien llegó a la comuna de la mano del mismo partido que el alcalde de Lima, Renovación Popular.

Schnaiderman aseguró que su gestión ha tenido reuniones en el Ministerio del Interior para gestionar reformas contra la trata de personas. Si bien menciona que se va reuniendo durante las últimas dos semanas, respondió que no han considerado incluir las voces de quienes justamente se ven afectadas por la trata y la explotación, las propias trabajadoras sexuales.

“Hemos tenido 11 megaoperativos de manera integral. En total han sido 138 operativos. Como municipalidad tenemos un convenio con 18 efectivos policiales que son parte del serenazgo integrado, lo cual ha menguado la trata de personas en casi un 60%”, aseveró a este diario.

Según la Defensoría del Pueblo, de 2018 a 2023 se triplicaron los casos de trabajadoras sexuales asesinadas. Pasaron de 8 a 24 homicidios en ese periodo.

El Ministerio de la Mujer (Mimp) informó a Perú21 que en febrero de este año se instaló un grupo de trabajo temporal para elaborar —en coordinación con representantes de gremios como Miluska, Vida y Dignidad— un diagnóstico de la violencia que sufren las mujeres por miembros de la Policía Nacional, Serenazgos y personal de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

Luego de este diagnóstico, el Mimp “tiene planificado diseñar propuestas normativas”, las cuales serán presentadas ante el Ministerio de Justicia.

No obstante, señaló que a la fecha no se cuenta con un registro que les permita identificar a las trabajadoras sexuales.

“En nuestro país, el trabajo sexual no cuenta con un marco específico de regulación. Esta situación pondría a las personas que ejercen el trabajo sexual en un alto grado de desprotección, al tener que realizarlo en condiciones donde no se garantizan sus derechos”, refirió la entidad por escrito.

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