El Tren de Aragua declara la guerra

“Al que habla lo matan”, dice Jeremy, un joven estibador que teme declarar a Perú21 por las represalias.

El cobro de cupos y la extorsión no es desconocido para los victorianos. De hecho, los vecinos aseguran que han convivido casi una década con la delincuencia que se apropia de los espacios públicos.

Sin embargo, la locomotora del crimen llegó con un trato feroz. Ningún trabajador informal ni formal está a salvo. Ambulantes, comerciantes, colectiveros, cocheras y mototaxistas son las víctimas.

Esto ha llevado a que se desate un enfrentamiento que promete derramar sangre. Algunos peruanos empezaron a repartir volantes advirtiendo que arremeterán contra los venezolanos extorsionadores.

Y la llama terminó por avivarse cuando, el último miércoles, encapuchados con rifles de alto alcance en mano, autodenominándose Los Gallegos, aparecieron en videos anunciando que matarían a todo aquel motorizado peruano que no deje trabajar a sus compatriotas venezolanos.

Perú21 constató que la seguridad del emporio y sus alrededores no está garantizada. Negocios enteros no abrieron el jueves pasado por miedo.

Incluso los mismos trabajadores venezolanos dicen temer por sus propias vidas. “Ellos no distinguen, los que hablan terminan en el cementerio, papi. Si es que tú te pones a decir algo te va mal. Te linchan. Todo el que habla, voló pues”, aseguraron a este diario dos jaladores de tiendas en el jirón Hipólito Hunanue, parte del Damero C de Gamarra.

Es justamente esta zona la que está a su suerte pese a las amenazas de la mafia extorsiva.

Cuando Perú21 visitó el distrito, corroboró que si bien hay presencia de las fuerzas del orden, no estaban los “300 policías permanentes” que la presidenta Dina Boluarte prometió.

Incluso en el paradero de la avenida San Pablo, donde suelen estar los mototaxistas, no se encontró a ningún policía que regule las peleas y el cobro de cupos.

Definitivamente, no hay “calma” ni “paz” en el país, como pregonó Boluarte en su gira por Estados Unidos.

En noviembre de 2022, una primera camada de Los Gallegos fue detenida por la Policía Nacional en Lima. Se trató de 22 sanguinarios venezolanos intervenidos, varios de ellos en San Martín de Porres, a quienes se les incautó dinero y las armas de alto calibre con las que amenazaban y asesinaban a sus víctimas.

Las autoridades creyeron que se trataba de su desarticulación definitiva porque en ese operativo también cayó el cabecilla, el despiadado José Ángel Ortega Padrón, alias ‘Armando José’.

Pero fue un error. Esta no era una organización criminal como las que se conocían en el país. Esta funcionaba como la Hidra, la bestia mitológica multicéfala a la que se le cortaba una cabeza y le salían otras dos. Era muy difícil de derrotar.

El encarcelamiento de ‘Armando José’ -quien solía presumir joyas, costosos relojes, armas, y su lujoso departamento en el malecón de Miraflores-, no detuvo a Los Gallegos. Por el contrario, continuaron controlando la prostitución en la capital y consiguieron expandir sus tentáculos hasta en provincias.

Según fuentes policiales, esta célula de la locomotora del crimen, denominada el comité central, es conducida por varios delincuentes. Uno de ellos es Freddy Toro Acosta, alias ‘Chivo’, el sicario que increíblemente el Poder Judicial liberó en mayo de este año.

La estrategia de la mafia venezolana para establecerse en una ciudad es simple: identifican la actividad criminal que les pueda generar ingresos y toman esas plazas a balazos, matando a sus rivales. No inventan el delito, sino que lo nutren y lo masifican.

Eso hicieron para tomar Lince, Plaza Norte y San Juan de Miraflores con la explotación sexual, que antes estaba en manos de delincuentes peruanos.

Ahora usan esa misma lógica en La Victoria con la extorsión. Así lo deja en claro la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña.

“El problema acá es el dominio de la vía pública, antes dominaban los (delincuentes) peruanos y ahora hay zonas dominadas por venezolanos (...) se cobra cupo al que vende fruta, al colectivero informal, al que vende comida y ropa; incluso le cobran a sus propios compatriotas venezolanos”, declaró a Perú21.

Y además de extorsionar a los ambulantes, exigiendo S/5 o S/10 diarios, el Tren de Aragua y sus facciones empezaron a hacer lo propio con los negocios formales.

“Si tú tienes una tienda con puerta a vereda, y quieres mantenerla libre, entonces debes pagar, si no ponen a un informal en ese lugar”, agregó Saldaña.

Con la guerra declarada, Lima solo es un ejemplo de otros conflictos que pueden suceder en otras ciudades donde la delincuencia venezolana aprovecha la informalidad para hacerse de esa economía paralela. Han entrado a tallar, por ejemplo, en zonas de minería ilegal.

Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la minería ilegal ha acumulado, entre 2013 y 2023, US$8,228 millones de dólares. Rebasó al narcotráfico, que en el mismo periodo alcanzó US$642 millones.

Y a este lugar llegó la delincuencia llanera para controlar la prostitución que ya existía y potenciarla.

Una agente especial de la Policía contó que una plaza donde las trabajadoras sexuales eran rotadas estaba en Arequipa, más precisamente en Chala.

Chala es una ciudad en la provincia de Caravelí donde mineros ilegales depredan cada día los suelos.

El coronel PNP Fernando Portugal, jefe del Departamento de Investigación Criminal en Arequipa, confirmó a este diario que son Los Gallegos los que tienen más presencia criminal en la región.

“Los delitos que más cometen estos criminales son la trata de personas, que va de la mano con el sicariato; el tráfico de drogas y los préstamos gota a gota; además del robo de celulares que ha aumentado exponencialmente”, refirió.

La otra plaza de minería ilegal donde esta organización criminal trasnacional se ha establecido es Pataz, en La Libertad.

El jefe del Depincri de Trujillo, el coronel PNP Javier Méndez, señaló a este diario que la trata de personas y la explotación sexual son manejadas por venezolanos en esa provincia.

Según Méndez, donde también se ha registrado un aumento de esta actividad ilícita es en Tayabamba, ubicada en Pataz.

“Tayabamba es un centro minero, pero hay más vida nocturna, más comercio, bares, discotecas y edificaciones modernas; ahí se ha incrementado la prostitución”, detalló.

Aunque en esa región lo que ha aumentado más son los casos de sicariato. En lo que va del año, según fuentes policiales, sucedieron 255 homicidios, cifra que ya superó a la del año pasado que se fijó en 233.

No es casual tampoco que, según las mismas fuentes, 1,174 ciudadanos venezolanos han sido detenidos y 300 de ellos se encuentran recluidos en el penal El Milagro.

Así las cosas, estas regiones se presentan como caldo de cultivo para que germine el conflicto que ya se desató en la capital del país.

¿Serán los ciudadanos peruanos los que deberán hacer respetar el territorio del crimen extranjero?

La Victoria y El Agustino enfrentan una crisis de seguridad en la que unos refieren ser mototaxistas, que, hartos de los “cupos” que les cobran las mafias venezolanas, han decidido enfrentarlas. Los otros, presuntos miembros de una organización criminal extranjera denominada Los Gallegos, vinculados al Tren de Aragua, dicen intervenir en defensa de sus compatriotas y han jurado vengar cualquier agresión.

Lo cierto es que los “cupos” no se acaban de inventar, y sería inocente pensar que Los Gallegos fueron los primeros. Las denuncias por cupos se pueden rastrear desde hace más de diez años, como mínimo. En 2016, medios de prensa denunciaron al municipio de La Victoria, como parte de la mafia que cobraba los “cupos” en Gamarra. Los vecinos de estos distritos llevan años pagando “cupos” que han fluctuado de dos a cinco soles diarios. ¿Pero, entonces, qué ha cambiado? La hipótesis policial más sólida es la disputa entre los que antes manejaban los “cupos” y Los Gallegos, en un intento de los primeros, por recuperar la “plaza” perdida, ahora un botín que tienta al crimen extranjero. El segundo componente es que el nivel de violencia se ha tornado insostenible. En otras palabras, el abandono de las autoridades ha obligado a los vecinos de estos distritos a escoger el “mal menor”. Estas personas no se imaginan trabajando sin pagar “cupos”; su resignada aspiración es no tener que sufrir la violencia de sus “cuidadores”.

Lo preocupante es que esta situación se reproduce en otras partes del país. Desde 2013, la Policía tiene registros del trabajo conjunto de bandas extranjeras con criminales locales. Primero, fue el norte, empezando por Trujillo, situación que tuvo su punto crítico en 2016. Operativos conjuntos de Policía y Fiscalía lograron frenar este avance en 2017; en 2019, por información de inteligencia, se logró identificar y expulsar a casi 300 extranjeros con récords criminales importantes. Pero bajamos la guardia, y estas organizaciones extranjeras empezaron a crecer. La PHS (Pura Hampa Seria), la Cota 905, Los Hijos de Dios, Los Gallegos, entre otras tantas, son bandas formadas por delincuentes venezolanos y vinculadas al Tren de Aragua. Todas trabajando por ganar nuevas “plazas” o consolidar las actuales, enfrentando a bandas locales y colombianas. Balaceras y asesinatos en San Anita, Lince, San Martín de Porres y Mala dan cuenta de ello.

Lamentablemente, los policías y patrulleros que hoy custodian la zona, permanecerán, con mucha suerte, algunas semanas. La tardía formalización de los venezolanos, aunque importante, no tendrá un impacto en lo que está ocurriendo. Recuperar estas zonas requiere trabajo de inteligencia e investigación policial sostenibles y con recursos, un involucramiento comprometido del Ministerio Público y un Poder Judicial que asuma su responsabilidad como parte de la ecuación. Por supuesto, también el involucramiento de las autoridades locales.

Ojalá que, en algunas semanas, cuando se apaguen las cámaras, los vecinos de estos distritos no tengan que volver resignados a pagar los “cupos” de siempre.