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Asesores de gobierno: Millonarios sueldos, perfiles sombríos
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NATALIA LIZAMA Y CÉSAR ZORRILLA
Cuando Dina Boluarte tomó el puesto de presidenta de la República, se esperaba que el gobierno y sus fondos respiraran un poco del saqueo que el exmandatario golpista Pedro Castillo y su círculo más cercano habían orquestado. Sin embargo, casi cinco meses más tarde, la situación parece repetirse. Si bien no estamos hablando de cargos a dedo, sin meritocracia o reuniones clandestinas para ser posicionados en ciertos sectores, sí hay funcionarios que cargan con un sombrío pasado poco merecedero del puesto que hoy ostentan.
Perú21 tuvo acceso a la lista de los 264 asesores FAG de los 18 ministerios, Presidencia de Consejo de Ministros y el despacho presidencial; y, de este grupo, se determinó que en al menos la mitad de ministerios hay consultores que no tienen el perfil para estar en los mencionados cargos.
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Un asesor FAG (Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público) es un consultor especializado que puede ser contratado sin un proceso de selección previo. La responsabilidad de revisar antecedentes y el perfil del empleado es de entera responsabilidad del titular de la entidad receptora, así como de verificar la veracidad y autenticidad de la información y documentación presentada por los consultores a postular al cargo. ¿Eso significa que los ministros están enterados de los perfiles y aun así los contrataron?
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Perfiles sombríos
La Presidencia del Consejo de Ministros es el segundo despacho que más gasta en asesores FAG. Mensualmente desembolsa S/439,300 en el sueldo de sus 31 colaboradores, quienes reciben hasta S/15,600 por sus servicios. Dentro de los “nuevo cuadros” encontramos a Humberto Pastor Paredes, quien, además de ser asesor, también fue señalado como “operador” del expresidente Martín Vizcarra en unos audios donde lo involucran en el caso de la licitación irregular del proyecto minero Quellaveco en Moquegua a cargo de la empresa Anglo American.
Ahora Pastor es consejero en el Viceministerio de Gobernanza Territorial. Desde PCM indicaron a Perú21 que este funcionario “está en evaluación” y que “si se demuestra alguna acción fuera de la ética o un comportamiento indebido al puesto, se tomarán las medidas correspondientes”.
En PCM también se detectó a Martín Carbajal; este asesor (ya cesado) fue conocido recientemente por ser uno de los presuntos cabecillas de una red criminal dentro de la entidad que buscaba beneficiar a la empresa Río Blanco con licitaciones. Otra que llama la atención es Marlene Espinoza, quien junto al premier Alberto Otárola formó parte del grupo de abogados de Nadine Heredia y Ollanta Humala, y ahora es asesora.
En Producción contrataron a Irene Suárez, involucrada junto a otras tres personas en la adjudicación irregular de casi S/7 millones a la empresa que se encargó de que el pabellón peruano opere en la Expo Dubái 2020 (uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo). En la misma cartera encontramos también a Ingrid López Rosales, quien, pese a licenciarse recién en 2021, inmediatamente ganó una orden de contrato en el Estado e incluso, según OSCE, fue asesora en el Ministerio de Desarrollo mientras era consultora de Producción. Este ministerio gasta mensualmente S/128,300 por concepto FAG.
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Alejandro Córdova La Torre, exalcalde de Huanta en Ayacucho, es asesor FAG en el Ministerio de Salud, pero, además de consultor, también fue investigado y sentenciado por cuatro años de pena privativa de libertad con ejecución suspendida e inhabilitación del cargo por tres años por el delito de malversación de fondos y negociación incompatible, por mala gestión cuando fue parte del Gobierno Regional de Ayacucho.
Por quien también desembolsan hasta cinco cifras de sueldo en el Minsa es por José Alberto Laban Ghiorzo, otro investigado más de la lista. A este consultor FAG se le investigó por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado y otros, en agravio del Estado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, le prohibieron la salida del país (y luego le suspendieron la medida) por no declarar ante la ONPE los US$100 mil que recibió PPK de la empresa Construcción y Administración S.A. y luego presentar falsos aportantes y recepción de dinero en efectivo para evitar que se identifique la procedencia real de este.
De los S/92,500 que se gastan en el Ministerio de Comercio Exterior, S/15,600 le tocan a Guadalupe Callupe Pacheco, investigada en el Congreso por presuntamente cobrar entre el 10% y 20% del sueldo de aquellos que quieren permanecer como locadores de servicios y para los nuevos trabajadores de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).
A quien le toca el mismo sueldo es a Álvaro Quiñe Napuri, actualmente asesora en el Ministerio de Cultura, pero en 2016 fue inhabilitado para la función pública durante cinco años por haber presentado un certificado de estudios falsos como ingeniero agrónomo a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina para trabajar en el Midagri.
Gonzalo Raul Ames Ramello, consultor del Ministerio de Desarrollo Agrario, fue investigado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.
El Ministerio de Economía, cartera que derrocha la mayor cantidad de dinero en consultores FAG (S/674,100), tuvo por un tiempo como asesor a Juan Carlos Zecenarro Monge, nada más y nada menos que el hermano de la fiscal Karla Zecenarro Monge, que investigó a Pedro Castillo.
La cartera de Energía y Minas, por su parte, contrató a Manuel Larrea Sánchez, involucrado en el supuesto cobro de dinero a reclusos a cambio de la reducción o conmutación de penas desde la Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus. Desde este sector indicaron que su paso fue “por un corto tiempo”. Es evidente que algunos perfiles destacan más que otros.
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