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Rechazan pedido de Norma Yarrow para cambiar delegado a cargo de denuncia contra Dina Boluarte
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no alcanzó el número de votos necesarios para cambiar al congresista que estará a cargo de evaluar la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte.
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Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, acompañando a Pedro Castillo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no alcanzó el número de votos necesarios para cambiar al congresista que estará a cargo de evaluar la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte.
El grupo de trabajo sesionó este lunes y sometió a votación el pedido que había hecho Norma Yarrow (Avanza País) para cambiar de delegado, al estar en contra de que Edgard Reymundo, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, sea el encargado de elaborar el informe del caso.
Ocho congresistas votaron a favor y cinco en contra, mientras que otros tres votaron en abstención. Sin embargo, esta cantidad de votos fueron insuficientes porque el Reglamento del Congreso dispone que un pedido de este tipo debe tener el respaldo de más de la mitad del número de miembros.
Con diez votos se designaba otro delegado congresista y que no sea Reymundo (Juntos por el Perú) este elaborá el informe sobre acusación constitucional contra Dina Boluarte. Abstenciones de Zea (PP) y Jerí (SP), socios del gobierno, Basta. Blindaje a la vista. Los niños atacan!
— Norma Yarrow (@NormaYarrow4) August 1, 2022
“Con diez votos se designaba otro delegado congresista y que no sea Reymundo (Juntos por el Perú) este elaborará el informe sobre acusación constitucional contra Dina Boluarte. Abstenciones de Zea (PP) y Jerí (SP), socios del gobierno. Basta. Blindaje a la vista. Los niños atacan”, reclamó la congresista Yarrow.
Cabe recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó en junio admitir a trámite la denuncia constitucional presentada contra Dina Boluarte, actual vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La acusación fue planteada luego que la Contraloría remitiera al Congreso un informe señalando que Boluarte había incumplido con la Constitución donde se establece que un ministro está impedido de realizar actividades ajenas a su función pública.
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