Proyectos para actualizar ley antiterrorismo ya están en la agenda del Congreso

Fecha Actualización

19/02/2023 - 07:19

El Congreso ha dado los primeros pasos para penalizar con severidad los ataques a infraestructura pública y privada como los que se registraron durante las violentas marchas acaecidas tras el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022.

Las bancadas de Avanza País (AvP) y Renovación Popular (RP) han presentado dos proyectos para actualizar la ley antiterrorismo, promulgada en 1992 por el condenado expresidente Alberto Fujimori, e incluir como delito este tipo de embates contra la propiedad, sobre todo contra los bienes que garantizan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

La novedad con ambas propuestas es que buscan castigar este tipo de actos como terroristas, sin la necesidad de que la persona que cometa el delito pertenezca a una organización terrorista, como estipula actualmente la norma.

RP plantea modificar los artículos 2 y 3 del decreto ley N° 25475, ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

En el artículo 2, en el que se describe el delito, el bloque parlamentario propone incorporar “los actos contra los activos críticos nacionales, sedes diplomáticas, actividades económicas de cualquier clase”.

Para el artículo 3, dedicado a las penas, proyecta que se condene con no menos de 30 años de cárcel a quien pacte con otra persona “o agrupación dedicada al tráfico ilícito de drogas, con la finalidad de obtener apoyo, ayuda, colaboración u otro medio, a fin de realizar sus actividades ilícitas”.

Asimismo, que se sentencie con la misma pena a la persona que ataque o perturbe los servicios de un aeropuerto, o que destruya y cause daños a un avión que no está en servicio. Y si la persona está vinculada a una organización terrorista internacional, “la pena será hasta cinco años adicionales a la pena máxima correspondiente”.

Este proyecto de ley ya se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso, próximo a ser debatido.

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Por su parte, AvP plantea una modificación más clara y directa del artículo 2 del decreto ley, referida a la descripción del delito.

Desde el inicio incluye a “la persona o grupo de personas” que “mantenga en estado de zozobra, alarma o temor en la población”, ampliando una posible pena a cualquier individuo, independientemente de si pertenece a una organización terrorista como Sendero Luminoso o el MRTA.

Además, incorpora como acto ilícito la destrucción de bienes públicos y privados, “o contra las infraestructuras que generan desabastecimiento de recursos de primera necesidad empleando armamentos, materias o artefactos explosivos”. La pena propuesta es no menor a 20 años de cárcel.

SANCIONA ATENTADOS CONTRA LA VIDA

Seguidamente, la bancada especificó como delito de terrorismo el ataque “con fines políticos” a inmuebles de entidades públicas y privadas, además de atentados contra la vida de civiles, servidores públicos y agentes del orden. Por estos actos propone una pena no menor a 30 años de prisión.

Esta iniciativa legislativa ha sido derivada a dos comisiones: Justicia y Defensa. En los próximos días será puesta en agenda para su debate.

El propósito de los proyectos de ley es garantizar que no se repitan los hechos vandálicos y delincuenciales que tuvieron lugar en Lima y la zona sur del país .

Precisamente, en un debate organizado por Perú21 respecto a la actualización de la ley antiterrorismo, el exjefe de la Dircote José Baella indicó que era necesario hacer precisiones en la norma para “poner las figuras delictivas y el tipo penal exacto para que tanto la Policía como la Fiscalía tengan las herramientas legales que ahora necesitan”.

Este diario informó en enero que, desde diciembre de 2022, 38 sedes de la Policía Nacional fueron atacadas o incendiadas y 91 entidades públicas y 99 locales privados sufrieron las mismas consecuencias. La terrible muerte de un policía en Juliaca, quien fue quemado vivo por un grupo de vándalos, fue el punto culminante de semanas de incontrolable violencia.

Tenga en cuenta

-Según la Defensoría del Pueblo, 49 personas murieron a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Una de ellas es un policía que fue asesinado en Puno. Además, 11 civiles fallecieron a causa de los bloqueos de carreteras.

-Hasta el 12 de febrero pasado, se registraron 1,299 heridos producto de las violentas protestas. El total de policías heridos reportados ascendió a 580.

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