PNP pagó más de S/4 millones por servicios irregulares de reparación y mantenimiento a patrulleros

POR FABIOLA VALLE Y OSCAR QUISPE

En julio de 2018, después de la captura del dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, se publicaron fotografías que mostraban a los patrulleros de la Policía con calcomanías de la empresa de servicios del conocido ‘Toñito’.  

El entonces ministro del Interior, Mauro Medina, informó que Iza Motors dio un servicio de mantenimiento a 21 vehículos de la Región Policial Lima. Pero el cálculo en aquellos días se quedó muy corto. En agosto de 2018, la Dirección de Investigaciones (Dirins) comenzó a indagar qué otros servicios había dado la empresa de Antonio Camayo a la Policía. 

Perú21 accedió a documentos confidenciales de la PNP que detallan los 14 contratos que firmó un consorcio llamado Iza Motors-Mafeky Motors desde 2015 hasta 2017 y por los que la institución desembolsó más de S/4 millones en adjudicaciones directas calificadas como irregulares, cuyos servicios no se ejecutaron en su totalidad.  

Perjuicio económico
La Dirins evaluó cada uno de los procesos de selección para la reparación de los vehículos y determinó que desde 2015 la Policía no realizó un debido proceso administrativo. 

“Los servicios efectuados se realizaron sin informes técnicos de la situación real de las unidades móviles y sin ninguna certeza del presupuesto, ocasionando un posible perjuicio económico”, señala el documento.  

Uno de los informes también concluyó que se realizaron pagos por supuestos mantenimientos a vehículos que en realidad se encontraban fuera de circulación por estar totalmente depreciados. 

En noviembre de 2015, la Dirección Territorial Lima (Dirtepol) convocó a un proceso para reparar 78 carros amparándose en requerimientos realizados por las divisiones del Callao, Este, Centro y Sur. Sin embargo, estas solicitudes solo sustentaban la reparación de 63. “La Región Policial Lima incluyó vehículos sin ningún sustento”, dice el informe contable. Finalmente, la Policía pagó una factura al consorcio Iza Motors-Mafeky Motors por S/399,999 por la reparación de 67 carros, pero en el comprobante solo se identificó 22 vehículos de los considerados en los requerimientos; los 45 restantes se habrían quedado solo en el papel. 

“El comité de selección debió modificar el contrato, identificando los vehículos que se iban a reparar y su costo unitario”, se lee en la investigación que fue presentada al entonces inspector general de la PNP, Gustavo Hananel. 

También en noviembre y por el mismo monto (S/399,999), la Dirtepol Lima adjudicó de manera directa a Mafeky Motors un contrato para la reparación de motores. Según lo hallado, se consignaron vehículos que no necesitaban dicho mantenimiento. La misma situación se repite en otros cuatro procesos de contratación durante 2015. 

En 2016 y 2017 no fue distinto. El consorcio Iza-Mafeky logró adjudicarse seis contratos por S/1’910,656.  

En junio de 2016, la Dirtepol Lima adjudicó “el servicio de reparación parcial y de motor, sistema de transmisión para los vehículos del Callao y Lima Norte”. Se pagó S/398,000 a Mafeky por 17 vehículos, pero los hallazgos de la Dirins señalaron que cuatro de esos estaban totalmente operativos y no necesitaban pasar por el taller, “se ha pagado por servicios no realizados la suma total de S/47,759”.  

La pesquisa concluyó que se direccionó la adquisición de servicios para obtener beneficios personales valiéndose del cargo. Es por eso que los investigadores policiales sugirieron al entonces inspector Hananel trasladar esta información a la Fiscalía para que realice las pesquisas por los delitos de colusión agravada.  

DE MANO EN MANO

Perú21 buscó la versión de Hananel. El oficial remitió a través de la oficina de comunicaciones del Mininter el oficio N° 2627 del 24 de diciembre de 2018 que dirigió al director de la PNP, José Luis Lavalle, en el que informó de los hallazgos. 

Sin embargo, omitió solicitarle que el expediente con las irregularidades detectadas se derive a la Fiscalía. Solo pidió que se envíe a la Oficina de Asuntos Internos que depende de la Oficina de Integridad del ministerio, jefaturada por el abogado César Segura Calle. 

En otro documento enviado a este diario por el Mininter, se consigna que Lavalle recibió la recomendación de Hananel y se la trasladó al despacho ministerial el 27 de diciembre de 2018. 

Este, por la recomendación primigenia de Hananel, derivó el caso a Segura Calle, quien a la vez lo envió el 3 de enero de este año a Asuntos Internos. 

Tuvieron que pasar seis meses para que los presuntos infractores sean puestos a disposición de la Fiscalía para que se determinen responsabilidades penales. 

DATOS

*Estos contratos se hacían bajo el método de adjudicación simplificada, que permite adquirir servicios por montos de hasta S/400,000. En la mayoría de casos, el contrato se firmó por S/399,999 (ver infografía) para eludir un proceso de licitación con más control.