Pilar Freitas, la cuestionada candidata a la Defensoría del Pueblo

La dirigente de Perú Posible estuvo involucrada en el caso de las firmas falsas de la ‘chakana’ y en varias denuncias a lo largo de su carrera como política y funcionaria.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

25/08/2019 - 22:54

Sorpresa ha generado el consenso alcanzado en el Congreso para postular a Pilar Freitas –actualmente regidora del municipio de Lima– como candidata a la Defensoría del Pueblo. Y es que el nombre de esta dirigente de Perú Posible no estaba en el bolo los últimos días y, para más inri, ha estado envuelto en varios escándalos a lo largo de su carrera como política y funcionaria.

FIRMAS FALSASQuizá la denuncia más sonada que recae sobre Freitas es su presunta participación en la falsificación de firmas para la inscripción de Perú Posible ante el JNE, para las elecciones del año 2000.

Como se recuerda, ella aparece en un video junto a Alejandro Toledo y su hermana Margarita –además de otros dirigentes 'chakanos'– en el que celebraban la inscripción de la agrupación tras un "exigente trabajo" de transcripción, digitación y rechequeado de rúbricas.

Además, en su momento, el exdirigente de Perú Posible Rolly Dávila la denunció por presuntas presiones para que obstaculice las investigaciones en el Congreso sobre la fábrica de firmas.

EN EL RÉGIMEN FUJIMORISTAPero el recorrido profesional de Freitas no se inició en el régimen de Toledo Manrique, sino que se remonta al gobierno de Alberto Fujimori. Entre noviembre de 1997 y enero de 1999 trabajó en la mal llamada 'reforma' del Poder Judicial que impulsó Vladimiro Montesinos a través de los exsecretarios ejecutivos del Poder Judicial José Dellepiane Massa y David Pezúa Vivanco.

En ese tiempo, Freitas habría percibido más de S/.136 mil soles, un promedio de 4 mil dólares al mes, sueldo que casi igualaba al del presidente de la Corte Suprema.

AUSPICIOSA CARRERAYa en el quinquenio toledista, Freitas llegó a ser viceministra de Justicia cuando Fernando Olivera administraba dicha cartera, y fue vinculada al escándalo de las cartas apócrifas al Vaticano.

Además, mientras se desempeñaba como procuradora del Poder Judicial y del propio Ministerio de Justicia, también fue directora de cinco entidades vinculadas al Estado: Enaco, Tans Perú, IRTP (Canal 7), Osiptel y la Fundación Canevaro. Por cada una de ellas cobraba sueldos o dietas extraordinarias.

Luego fue nombrada superintendenta nacional de Registros Públicos, pero en 2007 fue destituida del cargo por "negligencia funcional" debido a que no había presentado los informes contables del 2005. En ese entonces, ella arguyó que su despido fue dirigido por el gobierno aprista.

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