Financista de Pedro Castillo recibió 90 hectáreas de terrenos valorizado en S/45 millones

“Marka Group, la empresa de Sada Goray”, es, según Cuarto poder, una de las anotaciones que la Policía halló entre las pertenencias del detenido Salatiel Marrufo, quien afronta un pedido de 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en una red que sería encabezada por el presidente Pedro Castillo.

El dominical indicó que la entrega de las tierras a la empresaria fue una gestión impulsada por Salatiel Marrufo a través de la jefa de la SBN Cynthia Rudas Murga y la visitante a la casa de Sarratea (Breña), Jaqueline Perales (exgerente de la SBN). Ellas fueron colocadas en sus cargos por influencia del prófugo Alejandro Sánchez, empresario chotano sindicado de pertenecer al ‘buró político’ del mandatario.

Fue Cynthia Rudas quien nombró a William de la Vega como director de Gestión del Patrimonio Estatal (DGP). Este puesto era vital para dar luz verde al reclamo de Sada Goray, hecho en julio de 2021.

El dominical señaló que, en 2019, Goray firmó con la firma inmobiliaria Centenario una opción de compra. La empresaria ofreció las 90 hectáreas de terreno en Chilca por la suma de S/45 millones.

Pero Goray no podía cobrar el dinero debido a que las tierras ofrecidas le pertenecen al Estado.

William de la Vega precisó que el reclamo de Goray a la SBN por los terrenos era inviable. Afirmó que Rudas le confesó que la presión viene de “arriba” y que se debe a que la empresaria financió la campaña electoral de Pedro Castillo.

“(Se debía apoyar a Goray) porque había apoyado al partido. Eso según la conversación que tuve con Rudas”, dijo De la Vega a Cuarto poder.

Su negativa le costó el puesto. En marzo de este año, la SBN nombró como nueva DGP a Marina Subiria Franco, quien firmó una resolución que fue vital para que los extensos terrenos de Chilca pasen a propiedad de Goray.

Subiria encargó hacer un informe técnico sobre las tierras en discusión a la abogada Flor Olivera, quien es socia de Goray. Con el documento en favor se emitió una resolución en la que le da la razón a la financista de Pedro Castillo.

En junio pasado, Olivera y el actual DGP Héctor Chávez firmaron una resolución que ordena lo que Goray tanto buscaba, que se vuelvan a marcar las fronteras del terreno que reclamaba como suyo. El favor finalmente se pagó.