[OPINIÓN] Pablo de la Flor: Los nuevos desafíos de la pobreza

El Banco Mundial acaba de publicar su más reciente evaluación sobre la evolución de la pobreza y equidad en nuestro país. El informe documenta los importantes avances registrados durante las dos últimas décadas en ambos frentes, contrastando el rápido progreso del periodo 2003-2013, con el más mediocre del 2013-2019 y el descalabro pospandemia.

El crecimiento económico, impulsado por la inversión privada, explica el 85% de reducción de la pobreza alcanzada. Sobre el particular, y contrariando lo que muchos críticos del modelo sostienen, nuestro crecimiento acelerado también redujo las desigualdades (muchísimo más que en el resto de la región), especialmente beneficiando a las familias más pobres, cuyo consumo aumentó por encima del promedio.

Buena parte de las mejoras obtenidas, sin embargo, se revirtieron como resultado de la crisis del COVID y las respuestas que desde el Estado se ensayaron para hacerle frente. No solamente fuimos uno de los países con la mayor tasa de mortandad, sino que la nuestra fue la economía que más retrocedió en la región.

Como consecuencia, perdimos casi una década de avances en la lucha contra la pobreza. Además, la población vulnerable, aquella que rápidamente podría pasar a la condición de pobreza frente a shocks menores, ha aumentado significativamente. Otro cambio importante es que, a diferencia de lo que sucedía hace un lustro, ahora este es un fenómeno fundamentalmente urbano.

Según el informe, las políticas fiscales, que deberían tener un claro foco redistributivo, no parecen haber tenido mayor impacto. Por el lado de los ingresos, la recaudación resulta limitada y regresiva al depender fuertemente del IGV, impuesto mucho más oneroso para los pobres. La alta informalidad, las exoneraciones y los regímenes tributarios paralelos constituyen importantes obstáculos. No sorprende entonces que apenas el 8% de los trabajadores pague impuesto a la renta.

A fin de retomar la dinámica económica y avanzar en el cierre de brechas, el informe plantea mejorar la infraestructura de conectividad y servicios públicos (apenas el 40% de los peruanos tienen acceso a servicios de luz, agua, saneamiento e internet), fortalecer el capital humano y atajar las rigideces del mercado de factores (especialmente el laboral). También sugiere revisar el foco de la lucha contra la pobreza para responder a sus nuevas características, y reformar el sistema impositivo. A ello añadiría la necesidad de apuntalar la estabilidad política y predictibilidad normativa, para crear un entorno facilitador del quehacer económico.

Para recuperar los avances perdidos debemos acelerar el crecimiento y mejorar las políticas públicas, haciéndolas más efectivas e inclusivas. Con esos objetivos, resulta indispensable articular el compromiso de todas las fuerzas políticas detrás de la agenda de reformas. De lo contrario, no lograremos generar el desarrollo y bienestar que el país necesita.