Geiner Alvarado era el castillista que faltaba

El Poder Judicial informó a las 5:00 p.m. de ayer sobre la decisión de la sala presidida por el juez supremo César San Martín. Y en cuestión de horas, Alvarado fue capturado en el distrito de La Molina.

La Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía intervino al ex hombre de confianza de Castillo mientras conducía su camioneta. El exfuncionario ya había sido ubicado en un condominio en el que había pernoctado la última noche.

Según la investigación fiscal, el extitular de Vivienda era uno de los operadores del exmandatario y se encargó de direccionar millonarios proyectos desde su cartera.

De acuerdo a la hipótesis, Alvarado encaminó la elaboración del Decreto de Urgencia 102-2021, que incrementó el presupuesto a S/500 millones para la ejecución de obras de saneamiento en distintas regiones del país.

Esas obras estaban en la mira de los denominados “asesores en las sombras”, quienes pretendían distribuírselas para asegurarse los contratos con el Estado, ya sea para sí mismos o sus allegados.

Los “asesores” eran el prófugo empresario Alejandro Sánchez Sánchez, su colega Abel Cabrera, el exasesor de Vivienda Salatiel Marrufo y el exalcalde de Anguía José Nenil Medina, según la Fiscalía.

Sánchez, Cabrera y Marrufo figuran como aportantes a la campaña presidencial de Castillo. Su interés en los proyectos era para recuperar su inversión en las actividades proselitistas del profesor chotano.

Marrufo, además, reveló al equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto que el entonces ministro entregaba mensualmente coimas de S/50,000 a Castillo para quedarse en el puesto.

El dinero ilícito provenía de la empresaria Sada Goray, quien según el delator abonó hasta S/5 millones a cambio de tener beneficios desde el sector Vivienda.

Con todos estos antecedentes, el tribunal de San Martín consideró que Alvarado López podría fugar del país para evadir a la justicia.

La Sala Suprema también ratificó la prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Castillo.

Al exjefe de Estado se le imputa haber ordenado el direccionamiento de contratos desde el Ministerio de Vivienda, pero también desde el sector Transportes y Comunicaciones (MTC), y desde Petroperú.

En el MTC, su operador era el prófugo Juan Silva, quien allanó el camino para la adjudicación irregular del Puente Tarata, de acuerdo al Ministerio Público. En Petroperú, de acuerdo a la indagación, fue Hugo Chávez quien se encargó de favorecer a la empresa HPO para la compra de barriles de biodiésel por el valor de US$74 millones.

-Además de esta orden judicial, sobre Pedro Castillo pesa otra por 18 meses de prisión preventiva a causa del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022.

-En la organización criminal también figura su prófugo sobrino Fray Vásquez.