Fiscal José Pérez cuestiona que el testigo Miguel Castro pretenda retractarse

Por: Airon Nelson y Oscar Quispe

Durante el noveno día de la audiencia por el pedido de prisión preventiva del caso cocteles, el fiscal José Domingo Pérez dejó en claro que el testigo protegido N° 2017-55-8 –cuya identidad pertenece al fujimorista Miguel Castro– acudió a su despacho voluntariamente para declarar sobre su participación en los presuntos aportes falsos que recibió Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular (FP).

También indicó que al legislador se le dio “cuenta de sus derechos y deberes”, y precisó que él no reveló el nombre del mencionado testigo; cabe anotar que el propio Castro lo hizo el último lunes en el programa Beto a saber, y acusó a la Fiscalía de haberlo afectado.

En virtud de ello, Pérez hizo hincapié en que se está “investigando a una organización criminal” y que por ello no se podía ser “ingenuo” con que “días después se pretenda dar información pública que desdiga su versión, de su propio dicho, y por el contrario termine señalando que quien lo está afectando es el fiscal”. “Esta investigación va a ser dura, pero continuaremos”, indicó.

El congresista Castro es el segundo fujimorista que se convierte en testigo protegido. Igual que Reátegui, también teme por la seguridad de sus familiares.

El 30 de octubre, le dijo a la Fiscalía que existía un alto grado de posibilidades de presión o coacción hacia él de parte de militantes de Fuerza Popular.

“Temo por la integridad de mi familia, entre ellas mis hijas, contra quienes se podría utilizar mecanismos que pongan en riesgo su integridad. Siento que es posible que miembros del partido, así como sus militantes, agredan a mi familia”, sostuvo en su declaración a la que accedió Perú21.

No obstante, Castro no ha sido criticado por su colegas, como sí pasó con Reátegui.

Cuando Reátegui –a través de Twitter– sacó a la luz que lo hizo por su familia, la misma motivación de Castro, legisladores como Úrsula Letona, entonces vocera de la agrupación naranja, cuestionaron fuertemente la actitud de su colega.

Luego de las palabras pasaron a los hechos: Reátegui fue retirado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Permanente.

Con Castro es otra la historia. Por ejemplo, la congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular, señaló que más allá de la situación que él pueda tener en esta investigación, “el no tener las garantías a un debido proceso es realmente peligroso sea cualquiera la persona”.

Carlos Tubino, actual vocero de FP, evitó opinar sobre lo revelado por su colega y agregó que es un tema que se tiene “que ver con cabeza fría porque está dentro de un proceso de investigación”.

Conocido el anuncio de Castro, de querer anular su declaración ante el fiscal Péres, Perú21 conversó con el ex procurador Iván Meini, quien comentó que esto es imposible. “Por regla general, si la declaración ha sido voluntaria y ha sido incorporada a la investigación, eso no puede ser retirado ni anulado”, dijo.

“Yo diría que esto no afecta a la investigación, pero creo que este comportamiento del congresista Castro podría ser interpretado como un afán de entorpecimiento”, subrayó y agregó que otra fuese su situación si hubiese sido colaborador eficaz.

De otro lado, ayer, durante la audiencia, fue el turno de Adriana Tarazona, ex tesorera de Fuerza 2011, a quien Pérez ubica como administradora de actos ilícitos de la presunta organización criminal.

Pérez reiteró que de acuerdo con la versión del testigo protegido N° 2017-55-3, Keiko Fujimori “ordenó” al congresista Reátegui acercase a la oficina de Tarazona para recibir el dinero que debía ser distribuido a “falsos aportantes”.

También reveló la declaración del nuevo testigo protegido N° 2016-12-3, quien informó que todos los recibos de los falsos aportantes eran procesados por Tarazona.

Asimismo, según el fiscal, Tarazona también participó en el presunto lavado de activos para la campaña presidencial de 2016.

La audiencia se reanudará hoy a las 11:00 a.m.