Sala ordena la libertad del exjefe de la DINI, Hugo Chávez y Samir Abudayeh

Fecha Actualización

02/12/2022 - 19:36

La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó hoy la inmediata libertad del exjefe de Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre; del empresario Samir Abudayeh; del exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez; y del exasesor de inteligencia Henry Shimabukuro; todos investigados por el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto.

Tres de ellos habían sido detenidos de manera preliminar el pasado viernes 25 de noviembre. El último lunes, Chávez se entregó al Ministerio de Público tras llegar al Perú procedente de Bolivia.

Según la resolución judicial de la Primera Sala Penal de Apelaciones, a la que accedió Perú21, el tribunal cuestionó el fallo en primera instancia al advertir que “no se hizo mayor análisis” para justificar que la detención era la única manera de asegurar la presencia de los investigados.

En esa línea, los jueces señalaron que “no se necesita detener una persona” para recoger sus declaraciones, como requirió la Fiscalía.

“No se puede detener a las personas salvo hayan dado motivo de obstáculo que no se ha precisado en el presente caso para la lectura y visualización del teléfono celular y equipos de cómputo relacionados a los investigados. Las personas pueden ser citadas al Ministerio Público”, se lee en el documento.

Respecto a la indagación contra Hugo Chávez, la sala observó que esta lleva “varios meses” y que los fiscales no han aportado “ningún dato objetivo de peligro actual o en los próximos días sobre que pueda ocurrir algún atentado que ponga en peligro obtener documentación nueva”.

En general, los magistrados coincidieron en que la Fiscalía no ha demostrado con evidencias que los imputados obstruyan las investigaciones o pretendan fugar del país.

Según la hipótesis, Henry Shimabukuro, Beder Camacho y José Luis Fernández Latorre “son el brazo operativo y ejecutivo de la organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo”.

Estos investigados, de acuerdo a la tesis fiscal, usaron recursos de la DINI para comprar el silencio de personas, como sería el caso del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien permaneció prófugo antes de entregarse voluntariamente.

El propósito habría sido evitar vincular al jefe de Estado con el direccionamiento de la compra de biodiésel a HPO, empresa de Samir Abudayeh, desde Petroperú. El contrato se suscribió en 2021, luego de que Abudayeh visitara a Castillo en Palacio de Gobierno.