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Aprueban denuncias constitucionales contra fiscal de la Nación y defensor del Pueblo
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), dirigida por Rosio Torres (Alianza para el Progreso), declaró procedentes las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos fue denunciada constitucionalmente por la excongresista María Teresa Cabrera. (Foto: Archivo GEC)
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), dirigida por Rosio Torres (Alianza para el Progreso), declaró procedentes las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
En consecuencia, el subgrupo de trabajo deberá solicitar a la Comisión Permanente la aprobación del plazo a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes, así como la presentación de los informes finales que serán presentados ante el pleno.
En relación a Zoraida Ávalos, la denuncia constitucional 115 en su contra fue presentada por María Cabrera Vega, excongresista de Podemos Perú (periodo legislativo 2020 - 2021) y actualmente aspirante a magistrada del Tribunal Constitucional (TC).
En la denuncia explica que se da por los presuntos delitos de omisión de funciones y encubrimiento personal luego que Ávalos Rivera desestimó observar el caso de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, alegando que mantiene un vínculo de amistad con Barrios.
En el documento de la denuncia se expone que la titular del Poder Judicial presuntamente buscó favorecer a su hermano en un proceso judicial, para lo cual se contactó con el exjuez supremo Walter Ríos, envuelto en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Por el lado de Walter Gutiérrez, con denuncia constitucional 45, se le acusa por supuestamente infringir los artículos 139 y 162 de la Constitución, así como la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y avocamiento ilegal de procesos en trámite.
Esta imputación fue formulada por el empresario Antun Ucovich, quien también denunció a Silva Loli, exministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el gobierno de Francisco Sagasti. Sin embargo, fue archivada por la SAC.
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