Carolina Lizárraga informa a CIDH sobre riesgo de “blindaje” a presuntos integrantes de Los Cuellos Blancos

A través de un misiva dirigida al presidente de la CIDH, Joel Hernández García, Lizárraga dio a conocer de su reciente moción que pide se declare nula la decisión del Parlamento anterior, que archivó las denuncias constitucionales interpuestas contra diversos magistrados. Aseveró, en ese sentido, que el actual Legislativo “pretende continuar con los archivamientos del Congreso anterior”.

“Es importante que, siempre respetuoso del derecho al debido proceso, se luche desde los distintos niveles y entidades de los Estados contra cualquier estrategia de ‘blindaje’ que apunte a retardar las investigaciones del Ministerio Público y los procesos penales correspondientes a cargo del Poder Judicial”, señaló la legisladora.

“Con el pedido de nulidad que se ha solicitado (y que ponemos en su conocimiento), lo que se pretende es, de acuerdo a derecho y el estándar internacional de lucha contra la corrupción, lo siguiente: que no queden impunes y sin conocerse la verdad, los actos de corrupción de jueces y fiscales supremos; toda vez que el Congreso actual pretende continuar con los archivamientos del Congreso anterior, sobre dichas responsabilidades” se lee en el documento.

El martes 7 de julio, Lizárraga presentó una moción en la que solicitó que se declare nula la decisión del anterior Parlamento, el cual archivó las denuncias constitucionales interpuestas en contra de los fiscales supremos Pedro Chavarry, Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez Villegas; de los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa; y el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez.

Asimismo, la legisladora advirtió que el estado de emergencia y la cuarentena decretada por el Gobierno de Martín Vizcarra abre la posibilidad de un “potencial establecimiento de una zona de impunidad de presuntos actos de corrupción que se cometan durante la pandemia”.

Consideró, en esa línea, que la impunidad ante delitos de corrupción “es incompatible con el deber de los Estados de velar por el bienestar general de sus poblaciones y el respeto de sus derechos humanos”.