Congresista Francisco Villavicencio le cobró S/160 mil al Estado por servicios notariales

En Carmen de la Legua, en el Callao, funciona la notaría del congresista de Alianza para el Progreso, antes de Fuerza Popular, Francisco Villavicencio, que desde 2016 hasta hoy ha dado servicios al Estado por la suma total de S/160,864, según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía. Aparte de lo que cobra como padre de la patria.

En abril de 2016, Villavicencio fue elegido legislador por el Callao. Ese año, en que debió cerrar su negocio para evitar un conflicto de intereses, su notaría facturó S/76,431 con los sectores de Defensa y Producción, el Gobierno Regional del Callao y los municipios de Bellavista, Carmen de la Legua y Mi Perú.

Al año siguiente cobró S/20,077 a los ministerios de Defensa y Cultura, la región Callao, las comunas de Carmen de la Legua y Mi Perú. En 2018, la facturación aumentó a S/58,300 por servicios a Defensa y, otra vez, Mi Perú.

Y en lo que va de este año, el negocio del parlamentario ha contratado con el Ministerio del Interior, Gobierno Regional del Callao y los municipios de La Perla, Ventanilla, Mi Perú y Carmen de la Legua por S/6,056. ¿Puede un congresista dar servicios notariales al Estado?

De acuerdo a la Ley del Notariado, los profesionales elegidos para un cargo público mediante consulta popular o designados como ministros y viceministros de Estado deben solicitar una licencia ante el Colegio de Notarios para dejar de ejercer su profesión de manera temporal.

El Colegio de Notarios del Callao autorizó su licencia desde el 29 de octubre de 2016 y, según el despacho congresal de Villavicencio, designó en su reemplazo a Fredy Galván, César Ramos y Alonso Noriega.

No obstante, la abogada Luz Pacheco, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), precisó que la norma dice que los reemplazos son quienes deben asumir la función bajo su propia firma, pues la notaría no es una persona jurídica, sino una persona natural y así está registrada en el Registro de Proveedores. Por lo tanto, si los tres notarios reemplazaron a Villavicencio, ellos debieron facturar al Estado y no el congresista.

Para el experto en Derecho Laboral Ricardo Herrera, hay un “claro conflicto de intereses”, porque, de acuerdo a la antigua ley de prohibiciones e incompatibilidad de los servidores públicos y a la actual Ley Servir, un congresista no puede brindar servicios al Estado más allá de la docencia.

“Para empezar, se le debe investigar en la Comisión de Ética, pero, además, todos los contratos que ha tenido su notaría, desde que él es congresista, podrían ser revisados y anulados. El Estado podría cobrarle la reversión de los honorarios pagados”, consideró.

Orlando Vignolo, profesor de Derecho Administrativo de la UDEP, refirió que la Ley de Contrataciones del Estado ordena expresamente que los congresistas no pueden participar bajo ninguna condición en ninguna fórmula contractual pública.

“¿Un congresista que es notario de origen puede realizar actividades notariales? No, no puede intervenir ni por un tercero ni por su propio despacho notarial porque también lo prohíbe la ley. Tiene prohibiciones por todos lados”, explicó.

- Perú21 se comunicó con el despacho de Villavicencio y señalaron que las contrataciones con el Estado son “un tema técnico que tiene que regularlo el Ejecutivo”.

- En julio de 2018, el congresista reconoció ser el interlocutor de uno de los audios de la vergüenza con Walter Ríos.

- En el audio, Ríos le pide a ‘Panchito’ que hable en favor de su esposa porque la estaban “molestando” en el Minjus. Villavicencio postuló como el número 2 de la lista de FP al Congreso. En junio de este año renunció y se pasó a APP.