Walter Aduviri vuelve a tener el control del Gobierno Regional de Puno

La gestión de Agustín Luque, que empezó en 2019, fue siempre inestable. Solo un año después, en agosto del 2020, vio cómo el consejo regional elegía a Germán Alejo como nuevo vicegobernador. La idea era que Alejo sucediera en el puesto a Luque, cuestionado por el mal manejo de la pandemia del COVID-19.

En noviembre de ese año, el pleno del consejo desestimó el pedido de suspensión presentado por el ciudadano Alberto Quispe Lima. Y en enero del 2021, la solicitud presentada por el consejero Vidal Flores Copa también fue rechazada.

El quiebre del movimiento regional Mi Región, que llevó a Walter Aduviri a ser gobernador regional en 2018, se evidenció públicamente cuando los consejeros por la misma agrupación política presentaron un proyecto para reducir el sueldo del entonces vicegobernador y su compañero de partido Agustín Luque.

En marzo del mismo año, el pleno del consejo regional, dominado ampliamente por la gente de Aduviri, aprobó el recorte de salario. Luque pasó de ganar S/12 mil a S/5 mil. La guerra fue declarada.

Luego de la captura y reclusión de Aduviri, al ser condenado a seis años de prisión por actos de vandalismo y daños a la propiedad (aimarazo), la asunción de Luque en el poder desató una confrontación entre su séquito y el grupo del líder aymara.

De Agustín Luque solo se sabía que era la primera vez que asumía un cargo en la administración pública. En su historial, además, registraba una demanda familiar por alimentos, presentada en su contra en 2004.

El sábado 29 de octubre, aproximadamente a las 3:00 p.m., el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, fue detenido por los agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) cuando se dirigía hacia la ciudad fronteriza de Desaguadero.

El Ministerio Público solicitó su detención preliminar por presuntamente encabezar la organización criminal “Los supremos del Altiplano”.

En la acusación se sustenta que el gobernador y el Consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón realizaron una conciliación irregular para anular el cobro de penalidades que ascendían a medio millón de soles, y que debían ser pagados por la empresa.

De acuerdo a la Fiscalía, en el proceso conciliatorio debió intervenir el titular de la institución (el gobernador) y el procurador público. Sin embargo, Agustín Luque facultó al jefe de Asesoría Jurídica, John Martínez Molina, para que participe en la conciliación extrajudicial que se llevó a cabo en el centro conciliatorio MEDIAR.

La Contraloría también advirtió otros delitos. En el proceso de licitación del hospital Manuel Núñez Butrón de Jayllihuaya se otorgó la buena pro a un consorcio que no tenía experiencia en la ejecución de obras de similar envergadura.

Se halló como responsables de la licitación irregular a 40 funcionarios, exfuncionarios, trabajadores y extrabajadores del gobierno regional.

Pero los cuestionamientos en contra del gobernador aumentaron cuando se descubrió que Narda Castillo Castillo, gerente de Infraestructura, era la prima lejana de la esposa de Agustín Luque. La funcionaria, que recientemente fue cesada de su cargo, encabezó el proceso de licitación del hospital.

También se descubrió que el alcalde del distrito de Cabanillas, Daniel Castillo Valderrama, es tío de la mencionada funcionaria. De otro lado, el gobierno regional dispuso un presupuesto de 7 millones de soles para la construcción de la Institución Educativa Secundaria (IES) de Cabanillas, a pesar de que en la zona no existiría mucha población estudiantil. La entonces funcionaria aprobó el expediente técnico de dicho proyecto educativo.

Debido a los nexos sospechosos entre los familiares del gobernador regional y su esposa en las licitaciones de diversas obras, a Agustín Luque se le acusó de formar parte del clan criminal denominado por la prensa como “La gran familia”.

Durante el breve tiempo que asumió las riendas del GORE Puno, Agustín Luque fue denunciado 36 veces por diversos delitos como: cohecho pasivo, negociación incompatible y abuso de autoridad, peculado, colusión, estafa, homicidio culposo, abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo, enriquecimiento ilícito y otros, según un reporte del Ministerio Público al que accedió Perú21.

Del total de estas denuncias, 14 se encuentran con investigación preliminar, 10 con archivo y una con formalización de investigación. En la mayoría de las investigaciones donde se encuentra Luque también están sus funcionarios de confianza.

-La audiencia de prisión preventiva contra Agustín Luque Chayña, está programada para hoy.

-El encargado será el juez Youl Riveros, quien, en 2019, declaró fundado el pedido de prisión preventiva en contra del exgobernador de Puno Walter Aduviri, quien ahora cumple una condena de seis años por el aimarazo. En 2020, pidió su libertad por riesgo de COVID-19, pero fue denegada por Riveros.

-Luque, hoy con 52 años, fue elegido en el 2018 como vicegobernador de Puno con el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional, y asumió el cargo tras la condena de Aduviri.