ONU determina que Perú violó derechos de niña al negarle acceso al aborto seguro tras violación

Camila, residente de Huanipaca, en el departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra peruana, solicitó ayuda en un hospital de Abancay cuando se enteró de su embarazo. Expresó en repetidas ocasiones su deseo de no tener un hijo de su padre y manifestó su intención de interrumpir el embarazo. Sin embargo, no se le informó sobre su derecho a solicitar el aborto terapéutico, el cual está permitido en Perú en casos de riesgo para la vida o grave y permanente para la salud de la madre.

A pesar de los intentos de Camila por acceder al aborto terapéutico y presentar una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo ante las autoridades judiciales, no recibió ninguna respuesta del hospital ni de las autoridades correspondientes. En cambio, el personal médico insistió en llevar a cabo controles prenatales regulares, ignorando el estado de salud mental de Camila.

Cuando la joven no asistía a las citas prenatales, el personal médico se presentó en su casa, en ocasiones acompañado de agentes de policía, presionándola para que continuara con el embarazo. Esto resultó en su estigmatización, acoso y la obligó a abandonar la escuela y su comunidad.

Después de sufrir un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus propias declaraciones de que no deseaba continuar con el embarazo. Además, fue acosada por la fiscal encargada de su caso de violación, quien desvió la investigación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias relacionadas con el presunto delito de autoaborto.

“Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”, señaló Ann Skelton, Presidenta del Comité.

El Comité de los Derechos del Niño consideró que la falta de información y acceso efectivo a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo puso en riesgo la vida y la salud de Camila. Además, señaló que la joven fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, sufriendo discriminación basada en su edad, género, origen étnico y condición social.

El Comité ha instado a Perú a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, garantizar el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente en situaciones de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y modificar la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para que se aplique específicamente a las niñas.

“Saludamos el valor que Camila ha demostrado al defender sus derechos y presentar su caso ante nosotros a pesar de los numerosos obstáculos enfrentados”, agregó Skelton. “Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida”, dijo finalmente.