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Ministerio Público ejecuta campaña para evitar irregularidades durante el proceso de vacunación
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutan labores preventivas en el marco de la campaña ‘Vacunación sin corrupción’.
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El Ministerio Público ha dispuesto que los fiscales que integran el del Subsistema Anticorrupción a nivel nacional se encuentren en alerta permanente ante la presencia de posibles actos de corrupción durante el proceso de inmunización. (Foto: Minsa)
Fecha Actualización
Con el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, cuyo objetivo general es implementar la inoculación segura como medida de prevención contra el coronavirus en el país, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) participan de la campaña ‘Vacunación sin corrupción’ que tiene como objetivo detectar actos de corrupción y vulneración del derecho ciudadano.
Es por esta razón que el Ministerio Público ha dispuesto que los fiscales que integran el Subsistema Anticorrupción a nivel nacional se encuentren en alerta permanente ante la presencia de posibles actos de corrupción durante el proceso de inmunización.
#VacunaciónSinCorrupción | Más de 500 fiscales se encuentran en alerta permanente para velar porque el proceso de vacunación contra la COVID-19 sea transparente y alcance a todos los ciudadanos, en el orden de prioridades establecido.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 24, 2021
??Mira el video?? https://t.co/1zErTtBmFD pic.twitter.com/0mVqtRf6LZ
Asimismo, los fiscales deberán efectuar labores preventivas al respecto, dentro del marco de su competencia, debiendo informar a la Coordinación Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sobre su actuación.
En el marco de esta campaña, FECOF en conjunto con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizó la conferencia denominada ‘Identificación de elementos de corrupción durante el proceso de vacunación contra la COVID-19’ dirigida a organismos y entidades adscritas al sector Salud.
Es importante precisar que los delitos en los que podría incurrir el personal de Salud a cargo de este proceso podrían ser peculado, cohecho, colusión y negociación incompatible. Todo ellos sancionados con penas de cárcel entre los tres y ocho años.
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