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Lamsac: Casetas de peaje retiradas en La Molina no vulneran la libertad de tránsito

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Empresa Lamsac se pronunció luego del retiro de las casetas de peaje. (Fuente: Municipalidad de La Molina).
Fecha Actualización
La empresa concesionaria Línea Amarilla SAC (Lamsac) señaló que las casetas de peaje de la avenida Separadora Industrial, en el distrito de La Molina, que fueron retiradas por la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la madrugada de este sábado, no vulneran la libertad de tránsito de los ciudadanos.
“En la audiencia de apelación celebrada el 30 de enero frente a la Corte Superior, demostramos que la decisión del juez Enríquez Colfer, que ordenó el retiro de las mencionadas casetas, es arbitraria y carente de sustento técnico y legal, llegando incluso a transgredir precedentes del Tribunal Constitucional. En suma, probamos sin lugar a dudas que las casetas instaladas en la zona no vulneran la libertad de tránsito de los ciudadanos”, dijo la empresa en un comunicado.
El 31 de diciembre la Corte Superior de Justicia de Lima Este aceptó el hábeas corpus de la Municipalidad de La Molina y dispuso que se suspenda el cobro del peaje en la mencionada intersección por considerar que se vulneraba el libre tránsito de los vecinos.
En el mismo comunicado, Lamsac indicó que esta controversia debe resolverse mediante un arbitraje internacional y que se está haciendo un mal uso de recursos como el hábeas corpus.
“En la audiencia también acreditamos que cualquier controversia respecto a los bienes y el peaje de la concesión, debe ser resuelta mediante un arbitraje internacional. Por ello, reiteramos que se está violentando la figura del hábeas corpus para buscar fines distintos a aquellos para los que fue concebido, tales como cuestionar la vigencia de un contrato de concesión y descongestionar las vías del distrito de La Molina”, agregó el documento.
Cabe indicar que apenas fue notificado, Lamsac anunció que acataría el fallo del Poder Judicial y que dejarían sin efecto el cobro del peaje. Sin embargo, la empresa apeló la decisión judicial por considerar que esta “carece de fundamento técnico y legal”.