Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: El ‘shock’ y el capítulo económico de la Constitución de 1993

Había asumido la presidencia del Perú en julio Alberto Fujimori, luego de haber surgido en la contienda como el candidato sorpresa o ‘outsider’. Una vez en el Gobierno no aplicó bien convocó a ministros de distintas fuerzas y, en materia económica, optó por el programa de su entonces rival electoral Mario Vargas Llosa, quien iba por el Fredemo. Al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, Fujimori designó a Juan Carlos Hurtado Miller, que no era de su agrupación. El ministro, a solo diez días de haberse iniciado la gestión, anunció en cadena nacional de radio y televisión que, desde el día siguiente, el 9 de agosto de 1990, quedaban totalmente eliminados los subsidios a productos y alimentos como gasolina, leche, fideos, pan, azúcar, entre otros. Los precios de los alimentos básicos se duplicaban o triplicaban. En el caso del combustible, se multiplicaba por treinta veces.

“Que Dios nos ayude”, dijo dramáticamente Hurtado Miller al acabar su mensaje. Entre las medidas adoptadas también se eliminó el dólar del Mercado Único de Cambio (llamado dólar MUC) y se dispuso el cambio de moneda.

El devaluado inti fue reemplazado por el nuevo sol. La nueva divisa peruana fue creada a finales de 1990 y la puesta en circulación de las monedas comenzó el 1 de octubre de 1991, mientras que los billetes ingresaron al mercado a partir del 13 de noviembre de ese mismo año. La moneda de un nuevo sol tuvo la equivalencia de un millón de intis los que estaban destinados a desaparecer. El billete de 5 millones de intis fue retirado a finales de 1995. La inflación se redujo paulatinamente y para 1994 era 23.7%. Esto permitió que mejorara la situación financiera de los peruanos, pues durante los años de la hiperinflación (1988-1990) la clase media prácticamente había agotado sus ahorros y las familias con pocos recursos habían empeorado sus condiciones de vida hasta niveles precarios.

Por ello, recuperar la confianza de los peruanos en la moneda nacional fue una tarea fundamental para el BCRP. “En el momento del cambio de la moneda era importante que el público estuviera convencido de que la inflación ya no iba a volver a subir”, comenta el economista Jorge Chávez Álvarez, quien fue presidente del directorio del Banco Central entre 1990 y 1992.

“La reforma fue fundamental porque la política monetaria estaba de cabeza. El BCR ni siquiera tenía estadísticas de tasas de interés, no había un seguimiento semanal ni diario de las variables. Se diseñó entonces la actual versión de lo que llamamos la nota semanal”, agrega.

Otras reformas con alta relevancia fueron la del mercado de capitales y la financiera. Con esta última el resultado fue la Ley de Banca y Seguros, y un nuevo marco legal para la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Uno de los grandes problemas que tuvo el Banco Central de Reserva durante el primer gobierno de Alan García fue la trasgresión de su autonomía por parte del Poder Ejecutivo, contradiciendo lo establecido en la Constitución de 1979.

“En 1990 encontré un BCR capturado por la corrupción -relata Chávez sobre su experiencia al asumir la presidencia de la institución-. Encontré como 2,200 trabajadores que, a primera vista, era algo excesivo. Era un banco central que no había tenido autonomía, que había sido dependiente del gobierno de Alan García y la política monetaria se manejaba desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

“En una ocasión, Fujimori me llamó a Palacio de Gobierno para decirme ‘mira, ya he destinado las reservas internacionales, las vamos a usar así’ (…). Y yo le dije ‘mire, esto no lo podemos hacer’. Si gastábamos las reservas, la credibilidad del shock que habíamos hecho iba a terminar y otra vez los precios se iban a descontrolar”.

Si bien Fujimori insistía hasta los primeros meses de 1991, dejó de hacerlo, nos asegura Chávez, cuando el Perú logró un acuerdo con el FMI para pagar su deuda externa, así como un acercamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un objetivo que se había planteado el Gobierno en aquel entonces era el retorno al Club de París, el grupo de estados acreedores cuyo objetivo es organizar y coordinar soluciones a problemas de deuda internacional, especialmente de países emergentes. El Perú, tras haber desacatado las recomendaciones del FMI y haber atravesado la profunda crisis de finales de los 80 se encontraba fuera de este.

El retorno al Club de París y la renegociación de la deuda peruana con sus acreedores fue posible gracias a que el Perú logró cumplir algunos prerrequisitos. Uno de estos fue un acuerdo con el FMI para acceder al Programa de Acumulación de Derechos que entró en acción entre 1991 y 1993 y que sirvió para respaldar las políticas económicas del gobierno de Fujimori. Entre sus objetivos destacaban sentar las bases para un crecimiento económico sostenido, reducir la inflación y recuperar relaciones con los acreedores extranjeros del Perú, entre ellos EE.UU. y Japón, países que formaban parte del club. El programa también permitió hacer viable el programa macroeconómico peruano que tenía el respaldo del FMI.

Los días 16 y 17 de setiembre de 1991 fue la reunión con los acreedores del Club de París. Varios países reconocieron la dureza del shock aplicado, así como las medidas que el Perú estaba desplegando. Fue en ese contexto que el Perú logró un importante acuerdo con el Club de París que incluyó reprogramaciones de pagos de montos principales e intereses, así como de las compensaciones por mora.

Para pagar parte de la deuda externa, que no se pagaba desde el gobierno de Fernando Belaunde y con Alan García menos, era necesario privatizar las empresas públicas.

Si hubo un segundo suceso que marcó la economía en la década del 90, ese fue la aprobación de la hoy vigente Constitución Política de 1993 y su respectivo régimen económico. En el artículo 58° de la Constitución se remarca que nos regimos por una economía social de mercado en la que la iniciativa privada es libre y el Estado cumple un rol promotor, orientador del desarrollo del país estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. También establece en su artículo 60° el pluralismo económico, según el cual el Estado solo puede realizar actividad empresarial de manera subsidiaria.

En el artículo 64° se garantiza el derecho a la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, lo cual, en la práctica, protege al ciudadano de los eventuales desvaríos de un gobernante de turno.

Pero lo fundamental, para evitar situaciones graves como la ocurrida con Alan García en 1985-1990, fue el candado que puso al Banco Central de Reserva. En el artículo 84° se señala expresamente que “está prohibido de conceder financiamiento al erario”.

Con la Carta Política vigente se estableció un contexto favorable para la promoción de las iniciativas privadas, la libertad de empresa y la libertad de contratación con seguridad jurídica en favor de los inversionistas nacionales y extranjeros. También se implementó la figura de los contratos-ley, los convenios que las empresas inversionistas suscriben con el Estado en las materias que por ley se autoriza, de modo que se les da seguridad a nivel económico, jurídico y tributario para evitar que sufran modificaciones legislativas sobre lo acordado.

El gobierno de Alberto Fujimori inició a partir de los 90 el proceso de reestructuración estatal. Considerando que se promovía una economía de mercado y dado que las empresas públicas no eran viables y acumulaban muchas pérdidas, la opción razonable era privatizarlas. Para atraer inversiones se procedió a liberalizar el mercado, los precios, la entrada y salida de capitales del país; se liberaron los aranceles, se quitaron las prohibiciones a importar y se estableció un tratamiento igualitario a la inversión nacional y a la extranjera.

Durante este proceso hubo dos etapas muy marcadas. La primera entre 1992 y 1993 que se caracterizó por su dinamismo y convicción. Durante la segunda, de 1992 a 1996, se privatizó cerca de 110 empresas estatales, lo que generó ingresos para el Estado por US$7,200 millones y compromisos de inversión por US$ 6,000 millones, que actualmente equivaldrían a montos por US$14,002 millones y US$11,668.6 millones. Fue en este período que se efectuaron las principales privatizaciones en los sectores de telecomunicaciones, electricidad y sistema financiero. Se vendieron Edelnor y Edelsur por montos que hoy equivaldrían a US$314.6 y US$378.9 millones respectivamente, y con altos compromisos de inversión. En el sector financiero, se privatizaron el Banco Internacional y en Banco Continental. Pero una de las transacciones de mayor repercusión fue en telecomunicaciones, cuando en febrero de 1994 se transfirieron la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) a un consorcio liderado por Telefónica de España por un monto de US$2,000 millones y un compromiso de inversión de US$ 1,800 millones (montos hoy equivalentes a unos US$3,574.6 millones y US$3,217.1 millones, en cada caso).

Hasta antes de 1992, el Perú funcionaba con el modelo de pensiones creado en el gobierno de Juan Velasco Alvarado: el Sistema Nacional de Pensiones, en el que los trabajadores financian las pensiones de los jubilados y las aportaciones se acumulan en un fondo común para todos.

Este unía la Caja Nacional del Seguro Social, el Seguro Social del Empleado y el Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares en un solo sistema y era manejado por el Seguro Social del Perú. En 1980, el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) asumió el manejo del sistema. Durante un largo periodo fue Luis Castañeda Lossio el presidente de la institución.

En 1992, ya habiendo ocurrido el autogolpe de Alberto Fujimori, el Gobierno publicó el Decreto Ley N°25897, que creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP) integrado por las nuevas Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

El modelo instaurado en el Perú se basó en el sistema privado de Chile que operaba desde 1981. Bajo ese sistema de capitalización de fondos, las pensiones comenzaron a generarse en función de los aportes del afiliado y la rentabilidad acumulada a lo largo del tiempo que durara el contrato.

Así, en junio de 1993, iniciaron operaciones ocho AFP en el Perú: Horizonte, Integra, Profuturo, Unión Vida, Unión, El Roble, Providencia y Megafondo. Además, se creó la Asociación de AFP (AAFP).

Para 1995, como la mayoría de los trabajadores se encontraban en el Sistema Nacional de Pensiones, el Gobierno de Fujimori decidió ofrecer bonos de reconocimiento por los traslados de la ONP a las AFP. Con esta medida, se logró un traspaso de 1.1 millón de trabajadores al naciente negocio.

Las AFP fueron sujetas a la vigilancia de una superintendencia. Y, desde el año 2000, asumió esa función una institución vigente, de larga data, que cambió de nombre a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, tal como se le conoce hasta hoy.

Los ajustes que presentó el entonces presidente Alberto Fujimori para solucionar la crisis económica tuvieron a la larga efectos positivos; sin embargo, no es menos cierto que, apenas se implementaron estas medidas, el país sufrió por lo repentino del golpe a los bolsillos de cada hogar.

Las familias de clase media, en su mayoría dependientes, fueron las que más sintieron los cambios ya que percibían un sueldo que no se ajustaba a la misma velocidad que los precios que resultaban de los llamados “paquetazos”.

La clase media peruana tuvo que reinventarse para sobrevivir la crisis. Hasta antes de los 90, no estaba muy bien visto el “cachueleo” o “recurseo” para ganar dinero extra, nos dice Rolando Arellano, estudioso de los estilos de vida de los diferentes grupos sociales del país. Pero ante esa necesidad, señoras de clase media comenzaron a aprovechar sus destrezas o habilidades para emprender negocios con ayuda de familiares y amigos. Y algo semejante se observó en las clases más populares con las ollas comunes y las polladas.

Si bien las medidas de Fujimori trajeron un disgusto a corto plazo, también hubo efectos positivos. Uno de ellos fue el acceso al crédito. La privatización abrió las barreras para la aparición de nuevos bancos y a mayor competencia, hubo más opciones para los usuarios. La capacidad de endeudamiento se convirtió en un indicador de solvencia.

La apertura de fronteras también permitió que miles de nuevos productos entraran al mercado peruano a competir con los pocos productos que se comercializaban. Los productos importados eran de mejor calidad y menor precio que la oferta nacional. Solo sobrevivieron las mejores empresas.

Además, la privatización de la telefonía trajo una mejora en el acceso a los servicios. Por ejemplo, antes era muy complicado conseguir un teléfono fijo y las esperas podían tardar más de un año. Prueba de esto es que el alquiler de los departamentos podía ser más caro si estos incluían una línea telefónica, y las oficinas incluso podían duplicar su valor. Esto también facilitó el trabajo de empresas y comerciantes que luego, con la entrada de sucesivos operadores de telefonía celular y abierta la competencia, vieron mejorar su red de contactos y su conectividad.

El parque automotor también tuvo una mejora con la llegada de más marcas y con la posibilidad de comprar carros de segunda, pero esto último generó un caos en el sistema de transporte. Muchos despedidos de las empresas estatales usaron su liquidación para comprar un vehículo de segunda mano y empezar a ofrecer un servicio de taxi o colectivo sin mayor registro o autorización. Bastó adherir el letrero al parabrisas para hacer servicio de transporte de pasajeros. Fue el inicio de los taxis y colectivos informales. A ello se sumó el problema del aumento de la informalidad en la periferia de las ciudades y, en el caso de Lima, de las zonas norte y sur.

Es en ese contexto que Arellano explica que esta década rompe con el esquema de las clases sociales basadas en el nivel socioeconómico ya que los íconos de estatus que regían en el pasado, como tener un auto, una casa, contar con educación o electrodomésticos se volvieron más accesibles para todos. Por ello, él empezó a hacer investigación social estudiando a los peruanos según su estilo de vida y no necesariamente según sus ingresos.