Una guerra de todos

Es momento de que la máxima autoridad de la nación, la presidenta de la República, dé un paso al frente y demuestre su liderazgo. Es ella quien debe convocar, ya mismo, a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para que todas las entidades y funcionarios vinculados al tema puedan concretar un plan de acción.

No es posible que la ciudadanía continúe viviendo en un estado de guerra no declarada, donde el crimen campea a sus anchas por las calles de las ciudades más importantes del país. Y lo hace desafiando incluso cualquier despliegue de las fuerzas de seguridad, sobre todo si a estas, por ejemplo, se les ha sacado de sus cuarteles de manera errática e improvisada.

¿Militares apostados en las vías públicas? Pues ya podemos decir ahora que el sicariato ha contestado la medida casi en el mismo tono: recurriendo a armas de guerra de alto poder destructivo. Qué otra cosa sino, es arrojar una granada en un hotel al que seguramente le estaban cobrando cupos.

En febrero de este año, la presidenta Dina Boluarte, al anunciar que convocaría a una reunión, dijo: “La lucha contra la inseguridad ciudadana no puede ser abordada de manera aislada, sino requiere de un trabajo articulado entre los diferentes sectores del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, el Ministerio Público, el Poder Judicial y con la participación de la sociedad civil y la ciudadanía”.

El primer paso, entonces, deberá centrarse en la conformación de un equipo policial especializado que produzca la inteligencia necesaria para dar con el paradero de los cabecillas de las mafias que tienen en vilo al país. La Policía Nacional tiene extraordinarios oficiales capaces de actuar de inmediato. Se necesita decisión política y el presupuesto necesario para iniciar la acción.

Ha quedado claro que declarar estados de emergencia en determinadas zonas urbanas no ha sido la mejor respuesta para detener una violencia asesina que, de seguir escalando, pondrá en riesgo a la propia democracia peruana.

Los jueces a cargo también deberán ser custodiados y reforzados en su tarea, tanto como el sistema carcelario, pero eso se podrá agilizar una vez conformada una policía de élite que ofrezca resultados.