El tema de hoy: Ética bajo la lupa

La Comisión de Ética Parlamentaria se convirtió, en los últimos meses, en una suerte de cámara de blindaje, en particular para los legisladores de Fuerza Popular que, pese a no tener mayoría numérica en ese grupo de trabajo, supieron apelar a alianzas coyunturales y aprovechar la inasistencia de los representantes de otras bancadas para bloquear indagaciones incómodas a algunos de sus miembros.

El mejor ejemplo fue el caso de Yesenia Ponce, a quien le lanzaron el salvavidas pese a las graves acusaciones en su contra por falsear su hoja de vida primero y pagar S/10 mil soles al director de un colegio para que le entregue un certificado de estudios. Este despropósito ya fue subsanado, pero, en su momento, ocasionó que algunas tiendas optaran por suspender su participación en la comisión y condicionar su retorno a un previo proceso de reestructuración.

La reorganización se concretó el último lunes y ahora la Comisión de Ética se encuentra bajo la dirección de Janet Sánchez (PpK), quien llega con varias propuestas bajo el brazo; entre ellas: modificar el reglamento interno de tal forma que los colegas de la bancada de un parlamentario denunciado queden impedidos de votar sobre dicho caso.

La iniciativa deberá sortear su primer escollo en la Comisión de Constitución, donde, al igual que en los otros grupos legislativos, hay una mayoría fujimorista que ya ha dado muestras de un férreo espíritu de cuerpo y blindaje a prueba de balas.

Allí también deberá discutirse, oportunamente, el proyecto del acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, quien ha planteado la desactivación de la Comisión de Ética y su reemplazo por un consejo integrado por el presidente del Congreso en ejercicio, tres ex titulares del Parlamento, dos ex presidentes del Tribunal Constitucional, etc.

Ya en años anteriores surgieron iniciativas para, dizque, optimizar el trabajo en Ética, pero no hubo respaldo porque, como bien reza el dicho, no se puede ser juez y parte, y los congresistas, qué duda cabe, no están dispuestos a legislar en favor de su propia vulnerabilidad. Si así fuera, Mamanis, Ponces o Robles no seguirían esperando turno para someterse a la lupa de sus congéneres.