Una tras otra

Como si el erario fuera el juguete de quienes lo manejan a través de la administración pública, Petroperú volvió a beneficiar con un opíparo contrato a la compañía de Samir Abudayeh, asiduo visitante a los predios donde Pedro Castillo acostumbra a despachar, sea Palacio de Gobierno, la ya archifamosa casa de Sarratea o, quién sabe, cualquier otro domicilio que pudiera todavía guardar en secreto el presidente.

Una concesión muy similar a la que había sido anulada luego del destape de las visitas que este hombre de negocios había realizado a Palacio junto con la lobista Karelim Lopez y el gerente de Petroperú, Hugo Chávez.

Sin embargo, un día después de realizarse el anuncio, al revisar las incidencias del proceso, empezaron a saltar, otra vez, irregularidades y puntos más que dudosos. La Contraloría fue enfática ayer en deslindar, a través de un tuit y en entrevista con Perú21, de la empresa estatal respecto de una supuesta participación del ente contralor en esta nueva licitación. “El proceso de adquisición de biodiesel COM-013-2021-GDCH/PETROPERÚ no ha tenido la participación de la Contraloría como da a entender erróneamente Petroperú en nota de prensa, debido a plazos abreviados y falta de información que requirió el órgano de Control Institucional (OCI) en los días previos”, indicó.

El tema, entonces, ya es preocupante y amerita una intervención a fondo de los organismos de control y fiscalización. Petroperú parece haberse convertido en una coladera por la que siguen moviéndose intereses ilícitos con anuencia –sino complicidad directa– de sus directivos y las autoridades del país.

La prensa continúa develando inocultables preferencias gubernamentales con compañías como la Heaven Petroleum Operator, por ejemplo, representada por el señor Abudayeh –pese a que los cuestionamientos que se acumulan en contra de licitaciones que “ganaron” a través de rápidos procesos con mantos de vicio–, pero en el Ejecutivo continúan otorgándole contratos y abriéndole el caño presupuestal en cada concurso público al que se presentan.

A este paso no son solo los directivos de Petroperú deberán rendir cuentas, sino también las autoridades y órganos fiscalizadores que están permitiendo que estos escandalosos amaños se enquisten en las empresas del Estado.