Prefecturas politizadas

Desde que se inició el gobierno de la fórmula de Perú Libre, liderado en un inicio por el expresidente golpista Pedro Castillo y luego por la presidenta Dina Boluarte, los cargos de prefectos y subprefectos han sido cuestionados por su utilización con fines políticos.

Desde que se incorporó la figura de prefectos y subprefectos en la legislación peruana, los nombramientos de estos funcionarios siempre estuvieron marcados por la mano política de cada gobierno. Esto se debe a que la propia figura de prefecto es ambigua y, en muchos casos, sus funciones ya son realizadas por las municipalidades. No obstante, se continúa destinando recursos para estas instituciones que han quedado desfasadas tras la implementación de la descentralización.

No fue hasta el gobierno de Pedro Castillo que la atención fue puesta sobre estos cargos, ante los nombramientos no solo de simpatizantes políticos –al igual que hicieron sus antecesores– sino de personajes cuestionados e incluso vinculados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Sin embargo, tras la estrepitosa salida del ‘profesor’ de Palacio de Gobierno, su sucesora, la actual mandataria, determinó el cese de todos los prefectos a nivel nacional en diciembre de 2022. Su entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, aseguró que se escogería a personas idóneas.

Un año después se reveló que no solo no se eligió a las personas idóneas, sino que el hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, habría tenido poder de decisión en sus nombramientos, a pesar de no contar con ninguna facultad legal para hacerlo. Además, las autoridades habrían sido obligadas a firmar los planillones para inscribir el partido de Nicanor, quien actualmente se encuentra detenido en el marco de las investigaciones en su contra.

Actualmente, existe un dictamen aprobado en 2022 por la Comisión de Descentralización que propone la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos, pero que aún no ha sido debatido en el Pleno, a pesar de que en noviembre de 2023 la Junta de Portavoces lo agendó. Este proyecto puede ser la solución o el candado para que los gobiernos centrales dejen de destinar recursos a cargos innecesarios que han sido caracterizados por el clientelismo.