Diplomacia a ciegas

El presidente Pedro Castillo y su canciller, César Landa, han acudido presurosos a la OEA para invocar la aplicación de la Carta Democrática alegando que en el Perú se ha puesto en marcha un plan para alterar el orden y la democracia.

Como era previsible, el secretario general de la OEA, Luis Almagro –que a un personaje tan cuestionado como Castillo le depara el trato que se les da a los grandes estadistas–, convocó de inmediato a una reunión del Consejo Permanente para hoy, jueves. Lo cierto es que la conspiración que se argumenta en la petición gubernamental no es más que un brulote oficialista producto de la desesperación.

Las investigaciones, la denuncia constitucional y los procesos políticos a nivel parlamentario que se le siguen al jefe de Estado, luego de revelarse los gravísimos hechos de corrupción generados en su entorno, están encuadrados en el marco constitucional peruano y responden a las facultades que la ley les otorga a las autoridades a cargo. Todo legal y sin atentar contra la democracia. Las evidencias de actos dolosos en las altas esferas del poder, que se siguen acumulando, hablan por sí mismas.

El Consejo Permanente de la OEA le haría un flaco favor al organismo que representa si es que hoy decide aprobar un comunicado de respaldo a Castillo, sin enviar previamente una misión para recoger las posiciones de los principales actores involucrados en la situación que atraviesa nuestro país: fiscales, procuradores, jueces, empresarios, gremios de periodistas, líderes de oposición, congresistas y organizaciones de la sociedad civil.

Los representantes en la OEA deben considerar su rol en la historia. Recordar, por ejemplo, que a instancias de diplomáticos allegados al gobierno de Alejandro Toledo, en febrero de 2004, su entonces secretario general aplicó la Carta Democrática para apoyar al expresidente que hoy se encuentra prófugo de la justicia y acusado de graves actos de corrupción. Si ese es el precedente, ese organismo internacional debería andarse con pies de plomo.

Huérfano de credibilidad, casi al borde del abismo, y sin poder siquiera comprar los fertilizantes que tan urgentemente necesita el agro nacional, a este gobierno solo le queda importar legitimidad y apoyo político externo. Una vergüenza.