[OPINIÓN] Rafael Belaunde Aubry: Afán claudicante

Flaco favor nos hizo el presidente Castillo en las Naciones Unidas el 20 de setiembre último. No conforme con la desatinada alusión a las Islas Malvinas, se declaró proclive al Tratado de Escazú, entre otras controversiales declaraciones.

Para comenzar, recordemos que el conflicto en torno a las islas de marras se desencadenó a principios de la década del ochenta por iniciativa de Leopoldo Fortunato Galtieri, un dictador adicto a la bebida, con el único propósito de intentar perpetuarse en el poder. Galtieri sabía de sobra que la población insular no apoyaría la invasión y erró torpemente al creer que Gran Bretaña no reaccionaría como lo hizo. Al anteponer sus apetitos personales al del bienestar de sus compatriotas, el general sacrificó a cientos de jóvenes argentinos enviándolos al matadero.

Fui testigo de una conversación telefónica en la que le juraba y perjuraba a mi padre, a la sazón presidente de la República, que no existía posibilidad alguna de que los británicos reconquistaran Las Malvinas. Consideraba una muestra de debilidad que una misión de las Naciones Unidas se hiciera cargo temporal de su administración, tal como sugería mi padre. A ellos, fuertes y decididos, no los movería nadie, aseguraba el fanfarrón.

El desinteresado apoyo a la Argentina desplegado por el Perú en aquel trance fue un error inducido por un coetáneo de Galtieri, el general Cisneros, también conocido como El Gaucho, por haber cursado estudios en la academia militar de ese país y por un pariente suyo, Manuel Ulloa. Ulloa tenía vinculaciones empresariales allá y su excuñado había sido ministro de Defensa durante la dictadura del general Onganía (cuyo gobierno, dicho sea de paso, había expulsado a mi padre de Argentina luego que fuera exiliado a ese país el 3 de octubre de 1968). Sin embargo, toda la buena fe y la predisposición peruana no sirvieron de nada.

Por el contrario, nuestra colaboración fue tan mal correspondida que al cabo de unos años un facineroso presidente peronista, Carlos Saúl Menem, se coludió con otros de su ralea para abastecer de armas al Ecuador en circunstancias en que nos encontrábamos en pleno conflicto fronterizo con nuestro vecino del norte. Así de ruin y desleal con el Perú fue la secta peronista que hoy detenta nuevamente el poder. Ni el hecho de ser Argentina garante del protocolo de Río de Janeiro inhibió a los encumbrados traficantes que dieron rienda suelta a su desenfrenada rapiña.

Cuando Argentina excrete definitivamente de la vida política a esa lacra que la viene contaminando desde hace más de medio siglo, esa nación resurgirá como merece y retornará al nivel que tuvo antes de la decadencia a la que la arrastró el tristemente célebre Juan Domingo Perón. Recién entonces podrá plantear con autoridad moral una solución para la controversia respecto a la soberanía de las islas. Por ahora, los pobladores de las mismas están a salvo de la depredación peronista a la que estarían sometidos si cayeran en sus garras.

Respecto al Tratado de Escazú, debe tenerse en cuenta que ceder a los afanes de las potencias extranjeras y de las organizaciones internacionales, ávidas por cercenar nuestra soberanía, es tan traición como ceder parte de nuestro suelo, porque el Estado no es solo un territorio; es también el ejercicio soberano sobre el mismo, sus recursos naturales, y el ordenamiento jurídico que los rige. Claudicar soberanía, ceder territorio, o mar territorial son formas equivalentes de claudicación. Ahora que no hay Senado, tratados de tan antinacional naturaleza deberían requerir, en todo caso, una reforma constitucional específica que autorice el sometimiento a la tutela foránea, porque resulta intolerable que algunos peruanos indignos promuevan sin reparo alguno ese despropósito. En mi opinión, lo hacen a cambio de la promesa de puestos bien remunerados en la dorada burocracia internacional.

¿Someterían los países del mundo desarrollado sus decisiones ambientales a la tutela extranjera? ¿Por qué aquí se promueve el entreguismo?

Doblegarnos genuflexos al colonialismo extranjero en materia ambiental sería una traición, que si bien viene siendo impulsada por el Ejecutivo con inusitado entusiasmo, sería perpetrada con la complicidad del Congreso, en la eventualidad de que ese colegiado ratifique tal felonía.