[Opinión] Joaquín Rey: “Insistiendo en el error”

¿Alguien en su sano juicio entregaría un valiosísimo activo de su propiedad para que sea administrado por una empresa que se encuentra al borde de la quiebra y que recientemente ha enfrentado acusaciones de corrupción?

Esto es precisamente lo que plantean el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, y la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, quienes buscan que nuestros lotes petroleros sean otorgados a Petroperú al vencimiento de sus contratos de exploración o explotación con privados. El ministro Vera lo ha manifestado así en reiteradas oportunidades, específicamente con relación a los lotes I, VI, X y Z-2B, cuyos contratos están próximos a expirar. Estos cuatro lotes representan el 50% de la producción petrolera del país. Si se agrega este volumen al de los lotes hoy controlados por Petroperú, la estatal controlaría el 61% de la producción nacional.

Por otro lado, la Comisión de Energía y Minas ha elaborado un predictamen que va más allá, pues plantea que la totalidad de lotes del territorio nacional sean entregados a Petroperú al vencimiento de sus contratos. De aprobarse, esto llevaría a un enorme monopolio estatal en el sector petrolero en pocos años.

Irónicamente, dicha propuesta legislativa argumenta que su finalidad es “contribuir a la seguridad energética del Perú”. Un sinsentido si se considera la situación en la que se encuentra la petrolera nacional. El año pasado, esta registró pérdidas por más de S/1,000 millones y, de acuerdo con las últimas cifras disponibles a febrero de este año, la pérdida acumulada a 12 meses supera los S/1,700 millones. A ello se suma que su deuda equivale a cuatro veces su patrimonio, y el año pasado el Ministerio de Economía tuvo que proveerle una inyección de liquidez por S/4,000 millones del tesoro público —recursos de todos los peruanos— para mantenerla a flote.

Dada esta evidente situación de insostenibilidad financiera, resulta francamente absurdo sostener que otorgar la explotación de todos nuestros lotes a Petroperú contribuirá a la seguridad energética del país.

No es de extrañar que los lotes 192 y 64, que fueron recibidos por la estatal recientemente, se encuentren hoy en una situación de parálisis. Es predecible que cualquier otro lote que sea entregado corra la misma suerte.

A ello hay que añadir que hoy es el peor momento para someter a nuestra industria petrolera a esta absurda aventura. Desde hace ya varios años, esta pasa por una grave crisis que la ha llevado a una mínima expresión. En su pico, el Perú ha llegado a producir 200,000 barriles diarios de petróleo. ¿Cuántos produce hoy? Únicamente 40,000. Esto principalmente por la falta de inversión que permita poner en valor nuestras reservas. Seguir en la dirección que propone el ministro Vera y la Comisión de Energía y Minas solo profundizará la crisis.

Además de ser un despropósito desde el punto de vista económico, esta medida va explícitamente en contra de nuestra Constitución Política. En su capítulo relativo al régimen económico, se establece con claridad que el Estado solo realiza actividad económica de manera subsidiaria, es decir, ahí donde el sector privado no puede desarrollarla, que no es el caso. También determina que el Estado debe promover la libre competencia y combatir el abuso de posiciones monopólicas, como la que tendrá Petroperú en caso de que la norma prosperara. Finalmente, dispone que la actividad económica pública y la privada deben recibir el mismo tratamiento legal, que es precisamente lo que esta iniciativa impediría.

El camino por el que nos quieren llevar el Ejecutivo y cierto sector del Congreso es el que Bolivia empezó a recorrer hace cerca de dos décadas. Hoy, con la ventaja que da la perspectiva, sabemos que, a la larga, esta ruta ha llevado a nuestro vecino del sur al borde del abismo económico. En los últimos diez años, Bolivia tuvo un déficit fiscal promedio de 7%, su nivel de deuda pública se multiplicó por seis, y sus reservas de dólares se esfumaron. La crisis es tal que, como reportó Julio Velarde esta semana, en la frontera con nuestro país, los bolivianos buscan comprar soles como estrategia para preservar su patrimonio ante la escasez de dólares.

Lo que nuestra industria petrolera necesita hoy es propiciar la inversión privada mediante la promoción de la competencia y la estabilidad jurídica. Medidas de corte estatista van en la dirección exactamente opuesta, y ya han probado ser una receta errada en múltiples instancias en nuestra historia. ¿Para qué insistir en el error?