(OPINIÓN) Joaquín Rey: Ciudadanos por la educación

A menudo surge un problema cuando los costos de una política pública están concentrados en un grupo específico y los beneficios están repartidos en un universo mucho más grande. Los directamente afectados por la política suelen organizarse y generar presión para revertirla. Por otro lado, los beneficiarios, al no percibir un efecto tan directo y, dada la dificultad para organizar un colectivo tan grande, muestran mayor pasividad. Esta situación se agrava cuando el grupo afectado tiene poder político o económico (o ambos), lo que incrementa su capacidad de influir en el resultado.

Esto es lo que sucede hoy con la educación en Perú. Tanto en el nivel básico como en el superior, grupos de interés específico usan recursos y poder e influyen en el Ejecutivo y Legislativo para movilizar contrarreformas que van en claro detrimento del interés público.

En el caso de la educación básica, las presiones del gremio magisterial llevaron a que el viernes el Congreso anulara la prueba única nacional para el nombramiento docente, pieza clave de la reforma educativa que busca introducir principios fundamentales de meritocracia en la carrera pública magisterial. Su anulación podrá ser un alivio para algunos de los 250,000 docentes involucrados, pero va en directo perjuicio de los millones de menores peruanos y sus familias, que anhelan una educación pública de mayor calidad.

En el caso de la educación superior, la semana pasada, la Comisión de Educación del Congreso aprobó dos dictámenes que petardean la reforma universitaria: uno que da una nueva oportunidad a universidades privadas no licenciadas, y otro que plantea un cambio en la composición del Consejo Directivo de la Sunedu para retomar el modelo de la nefasta Asamblea Nacional de Rectores. En este caso, son los intereses económicos de un grupo de mercaderes de la educación los que se ven afectados, y son estos los que, a través de operadores políticos, boicotean a la Sunedu. Nuevamente en este caso los beneficiarios de la reforma universitaria son muchos más que sus perjudicados, pero estos últimos ejercen un poder tal que es capaz de hacer tambalear a una de las políticas públicas más significativas de los últimos años.

Una democracia representativa en teoría debería conducir a resultados que privilegien el interés de mayorías. Pero la realidad es que nuestras democracias son imperfectas y, a menudo, los vínculos clientelares o la corrupción influyen decisivamente en los resultados. Es por ello fundamental que los ciudadanos nos manifestemos cuando el interés general se ve tan groseramente afectado. Así sucedió el miércoles en una movilización convocada para la defensa de la reforma universitaria que, aunque significativa, resulta insuficiente.

Sabemos ya que el presidente Castillo es un enemigo de cualquier reforma que afecte intereses gremiales, como lo demostró a lo largo de su vida sindical. Estamos también comprobando que, salvo honrosas excepciones, el Congreso va en la misma dirección. Así las cosas, nos toca a los ciudadanos alzar nuestra voz hasta que a ambos poderes no les quede otra que escuchar. ¡Con la educación de nuestros niños y jóvenes no se juega!